La jueza federal, que resolvió el desplazamiento de José Luis Gioja al mando del Partido Justicialista, lleva casi tres décadas en su cargo y su nombre fue siempre asociado a controvertidas medidas. Acá, un repaso de ellas

María Romilda Servini, la jueza federal que resolvió la intervención del Partido Justicialista y puso al frente de esa fuerza al sindicalista Luis Barrionuevo, lleva casi treinta años ocupando su puesto, desde donde hizo que su nombre quedara asociado tantas veces a polémicas, que por lo general rebasan incluso el plano estrictamente judicial.

Designada en noviembre de 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, Servini se desempeñó desde aquel tiempo como jueza electoral en el distrito porteño, donde tienen su sede los partidos con personería nacional, en seis elecciones presidenciales.

Nacida en la localidad bonaerense de San Nicolás y egresada de la Universidad de Buenos Aires, como escribana y abogada, Servini se inició en la carrera judicial en los años '60, siendo defensora oficial, cargo desde el que le tocó defender a la presidente derrocada en 1976, María Estela Martínez de Perón.

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Por esa actuación, su marido ya fallecido en 2010, Juan Cubría, fue pasado a retiro como oficial superior de la Fuerza Aérea.

Posteriormente fue nombrada jueza de menores, tomando contacto con la problemática de los hijos apropiados de desaparecidos, y ya como jueza federal, intervino en 2014 en la restitución de la identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Servini saltó a la fama por una causa menor con relación a las que tuvo en su larga carrera jurídica, entre ellas la instrucción del caso del Clan Puccio, el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats o el caso de lavado de dinero que involucró a la cuñada de Menem, Amira Yoma.

En 1992, logró que se prohibiera al cómico Tato Bores nombrarla en una sátira y decenas de famosos (desde Susana Giménez, a Luis Alberto Spinetta, pasando por Magdalena Ruiz Guiñazú y Ricardo Darín) le cantaron sin nombrarla el célebre “la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay”.

En diciembre de 2001 su nombre quedó vinculado a la autorización judicial de la represión policial en Plaza de Mayo, que precedió a la caída de Fernando de la Rúa.

En 2014, una año después de iniciar en España un reclamo por bebes robados a sus padres durante el franquismo, restituyó la identidad a Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela Carlotto.

En 2013, declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura ideada por el gobierno de Cristina Kirchner, fallo luego confirmado por la Corte Suprema.

Dos años más tarde, dictó la sentencia declarativa estableciendo que el mandato de la ex presidente finalizaba a medianoche del día anterior a la asunción de Mauricio Macri; quien al final terminó recibiendo banda y bastón de manos de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.

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Poco después, los consejeros del nuevo oficialismo la nombraron jueza electoral subrogante en el principal distrito del país, el de la provincia de Buenos Aires, en lo que se interpretó como un gesto de confianza, ya que lo sumó al cargo en la Ciudad.

A mediados de 2016, comenzó a denunciar fuertes presiones sobre la Justicia, y terminó renunciando a la subrogancia del fuero electoral provincial.

Servini, o “Chuchi”, tal como se la nombra en los pasillos de Tribunales, también adjudicó a esas presiones el relevo de su hijo, Juan Cubría, del cargo de administrador del Consejo de la Magistratura, desde el cual objetó el manejo del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti de los fondos presupuestarios destinados al Poder Judicial.

Su nombre quedó también en el centro de la escena el 28 de marzo del 2017, cuando una acordada de la Corte Suprema de Justicia restableció la edad jubilatoria de 75 años para los jueces.

En cualquier caso, Servini hoy continúa en su cargo sin objeciones por parte del Gobierno; con más de 80 años, y excedida en su edad jubilatoria, sus resoluciones siguen vinculándose con las controversias.

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