Tras iniciar un paro en rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, desde las 20 se realizará un "ruidazo nacional".
Los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) realizan un nuevo paro que comenzó a las 7.00 de este viernes, en rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica.
La medida de fuerza se decidió luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Emergencia Pediátrica y la misma afectará al funcionamiento del centro de salud debido a que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia.
Además, habrá una asamblea a las 13, mientras que también tienen previsto congregarse a las 15:30 para llevar a cabo una marcha desde el Congreso de la Nación y llegar a las 17:00 a la Plaza de Mayo.
En tanto, desde las 20 horas se llevará a cabo un ruidazo nacional convocado por los trabajadores del Hospital Garrahan y la Universidad Pública, en repudio a los vetos presidenciales que dejaron sin presupuesto a estas instituciones clave. La medida busca visibilizar el ajuste del gobierno de Javier Milei y preparar la gran movilización del 17 de septiembre al Congreso, cuando se discuta la ratificación o rechazo de esos vetos.
“Si no escuchan, hay que vetarlos a ellos”
La consigna central de la convocatoria es: “Este gobierno no escucha, entonces hay que vetarlo haciendo mucho ruido”. Se trata de una forma de protesta extendida, que combina acción descentralizada en los barrios, universidades y plazas, con un objetivo común: denunciar que el Ejecutivo atenta contra la salud y la educación pública, mientras sostiene el ajuste al servicio del capital financiero.
Puntos confirmados en todo el país
El ruidazo tendrá epicentro en múltiples ciudades y espacios de organización:
La citada norma había sido aprobada por el Congreso que establecía mayores fondos y mejoras salariales para el Hospital Garrahan y otros centros pediátricos del país.
El proyecto fue impulsado como respuesta a la crisis creciente evidenciada en los principales hospitales del país, donde la falta de fondos y la depreciación de los salarios generaron renuncias masivas, dificultades para cubrir guardias y un retroceso en la calidad de atención proporcionada a la población infantil.
El Poder Ejecutivo formalizó el veto a la ley bajo el argumento de que su aprobación implicaría una afectación significativa a las cuentas públicas en un contexto de restricción presupuestaria. Desde la Casa Rosada, se consideró que la norma podía generar un efecto cascada sobre otros sectores y que, además, la solución a los problemas estructurales de la salud pública no puede basarse en aumentos puntuales de partidas sin una revisión integral del modelo de financiamiento.
El texto del decreto de veto aludió a la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal” y advirtió que la propuesta legislativa, de aplicarse, incrementaría compromisos de erogación sin la previsión de nuevas fuentes de financiamiento ni mecanismos de asignación eficiente de recursos, en línea con el planteo general del Gobierno en materia presupuestaria y de control del gasto.
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