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El Gobierno vetó por completo la Ley Nº 27.794 que buscaba automatizar la distribución de fondos a las provincias. La decisión sube la tensión con los gobernadores.
El presidente Javier Milei confirmó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso: la Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.
El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias.
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Los fundamentos de la medida del Gobierno
El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, establecía la modificación el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender "desequilibrios financieros y situaciones de emergencia" de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una "finalidad específica" de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.
Este nuevo veto se produce tras la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre pasado.
Desde entonces, el Gobierno dispuso la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y la creación de una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos.
El Presidente, sin embargo, no está dispuesto a tomar medidas que, en su criterio, importen un riesgo para el equilibrio fiscal, lo cual genera más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.
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