El Reino Unido protestó contra por la aprobación de una ley que pena la explotación petrolera en Malvinas.

El gobierno británico protestó formalmente ayer ante la Embajada argentina en Londres por la ley que aplica penas de prisión a responsables de explotación de hidrocarburos sin autorización en la zona de las Islas Malvinas.

La protesta se concretó a través de la directora para las Américas de la Cancillería británica, Kate Smith, quien se comunicó con el diplomático argentino Oscar Galli, integrante de la Embajada que encabeza Alicia Castro.

El gobierno de James Cameron apuntó contra las reformas efectuadas semanas atrás por el Congreso a la Ley 26.659, que criminaliza a individuos o empresas por su participación directa o indirecta en actividades de exploración y explotación petrolífera en las Malvinas.

Además, acusó a la Casa Rosada de querer "estrangular" a la economía del archipiélago.

"La ley argentina no se aplica para las Falkland Islands (Islas Malvinas), por lo tanto éste es un gesto sin ninguna base para amedrentar a quienes llevan adelante una actividad comercial legítima", enfatizó.

La funcionaria se mostró confiada en que la Argentina "no tendrá éxito" en su objetivo.

Y consideró que "es vergonzoso que la Argentina trate de adoptar una vez más tácticas prepotentes en un intento de estrangular la economía de las Falkland Islands (Islas Malvinas)".

Una vez más, el Foreign Office señaló que el gobierno británico "apoya totalmente los derechos" de los isleños, que según consideró, les permiten "desarrollar su sector de hidrocarburos para su beneficio económico". "Este derecho es una parte integral de su autodeterminación, la cual está expresamente contenida en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos", advirtió la diplomacia británica.

La reacción de Londres tuvo que ver con la aprobación en noviembre último por parte de la Cámara de Diputados de la Ley 26.659, que penaliza a las empresas que realicen tareas de exploración y explotación de hidrocarburos sin el permiso del Estado argentino en la zona ubicada alrededor de las Islas Malvinas.

La ley propone sentencias de hasta 15 años en prisión, fianzas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de individuos y compañías operando en Argentina y la confiscación de equipo y cualquier hidrocarburo que pudiera haber sido extraído de manera ilegal

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