Magistrados platenses piden "consenso amplio"

Tal como viene informando Diario Popular, el Senado bonaerense se dispone; tal vez en la próxima sesión que realice, que podría ser en los primeros días de octubre; a prestar acuerdo para la designación de 17 jueces de distintos fueros, 17 Agentes Fiscales, 7 Defensores Oficiales y 1 Asesor de Incapaces.

La oposición en su conjunto, los tres bloques políticos que la representan en la Cámara alta provincial, pero que convergen electoralmente en el Frente de Todos, no vienen acompañando el trámite legislativo.

Manifestaron su desacuerdo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y trataron de impedir que los expedientes ingresaran al Orden del Día de la próxima sesión, solicitando un nuevo giro a comisión que no se le concedió. En su resolución que hizo pública la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la capital bonaerense, que conduce el juez Víctor Violini, se destaca que "el proceso electoral en que nos encontramos transitando merecería una actuación político institucional prudente a los fines de no teñir la investidura de futuros magistrados judiciales, algunos de los cuales están llamados a actuar en el máximo tribunal penal de la provincia, y que en ciertos casos llevan más de 4 años sin cubrirse".

ADEMÁS:

Ritondo presentó 72 autos recuperados del narcotráfico

Efectivamente dentro del total de pliegos que debe considerar el Senado se encuentran los de Francisco Pont Vergés, actual Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público, y el de Ana Julia Biasotti, ambos están propuesto para integrar "el máximo tribunal penal de la provincia", el Tribunal de Casación Penal, que actualmente integra el propio Violini. El organismo social advierte, además, que "existiendo más de 280 vacantes judiciales sin cubrir en el ámbito provincial", es oportuno que el "Senado arbitre los medios y despliegue los mayores esfuerzos en pos de obtener a través del diálogo institucional una decisión con el suficiente consenso amplio y plural antes de proceder a prestar el acuerdo para la designación de magistrados, como tradicionalmente ha sucedido y las circunstancias lo aconsejan". Por último, se destaca que los legisladores deberían actuar "con la mayor prudencia y responsabilidad institucional y democrática a la hora de dar acuerdo en el proceso de selección de magistrados".

Antes que los Magistrados y Funcionarios Judiciales platenses, ya se habían expresado desde la Asociación Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada, en idéntico sentido.

Esa asociación civil consideró que la aprobación de esos pliegos en el Senado bonaerense "luego de estar esperando su nombramiento por varios meses, y en algunos casos años, pondría un manto de sospecha sobre la independencia e imparcialidad de los funcionarios designados". Además, los abogados por la Justicia Social no anduvieron con ambigüedad y dejaron clara su opinión al "observar que la designación en un momento de extrema debilidad del gobierno provincial, y a meses de dejar la gobernación (co

mo de perder la mayoría en el Senado provincial), tiñen de parcialidad a los magistrados que se designan".