Organizaciones políticas, sindicales y sociales se movilizan hacia la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharon este miércoles al mediodía a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la ley sancionada por la Legislatura que habilita a la justicia porteña apelar fallos de la justicia nacional.

De la marcha a la sede del tribunal, ubicado en Cerrito 760, participaron representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Sipreba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA).

Previo al inicio del acto, el dirigente de la CTA Pablo Kleiman sostuvo que “la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales y CABA no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la constitución”.

“Esto es un intento más de aquellos que se dicen defensores de la república y de la división de poderes y de las instituciones, se rasgan las vestiduras por eso, pero en la práctica violentan la constitución”, agregó.

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“Es grave porque lo van a usar para beneficiar a Macri, estamos acostumbrados a la impunidad de los poderosos, pero va a ser muy perjudicial para la clase trabajadora porque van a poder revisar los fallos laborales por eso están presentes varios sindicatos”, añadió.

La ley, que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña, fue sancionada el jueves pasado en la Legislatura con el apoyo de legisladores del oficialismo.

Con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-, quedó sancionada una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ que habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

La ley fue rechazada por autoridades nacionales y de la justicia, entre otros sectores.

El viernes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró la norma como "escandalosa" e "inconstitucional".

Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, afirmó que la iniciativa "tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri", y consideró que fue pensada "con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo" Argentino.

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