Organizaciones sociales y políticas marcharon en el mediodía del sábado para exigir la libertad de Milagro Sala a cinco años de su detención.

Organizaciones sociales realizaron este sábado al mediodía una marchahacia Tribunales para exigir la libertad de Milagro Sala, la dirigente jujeña al cumplirse cinco años de detención.

La marcha fue convocada por La Cámpora y otras organizaciones oficialistas bajo la consigna "Milagro Sala, 5 años presa política".

Las columnas de militantes se concentraron a partir de las 12 en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio y luego partieron hacia el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia, en Talcahuano y Tucumán, en el barrio porteño de San Nicolás.

Como otra de las consignas de la movilización era "La Corte, basurero de la democracia", los participantes arrojaron cantidad de bolsas de basura en las inmediaciones de Tribunales en una acto poco prudente considerando la pandemia que se está viviendo alrededor del mundo.

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La detención de Sala

"El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros", sostuvo Sala el pasado viernes en declaraciones televisivas, al tiempo que pidió soluciones "políticas" para su situación.

La dirigente jujeña fue detenida el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de "instigación de daños agravados", durante un "escrache" contra el gobernador de la provincia norteña, Gerardo Morales.

En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo tras argumentar que existía riesgo de "obstaculización" del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el dictamen de la CIDH sobre el arresto domiciliario.

Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la condena de la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de "fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos" destinados a la construcción de viviendas.

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