Política
De aprobarse el proyecto encargado por Cristina, la reincidencia no sería considerada agravante de pena y la cadena perpetua dejaría de existir, siendo la sanción máxima para delitos "gravísimos" 30 años de prisión
El proyecto del nuevo Código Penal encargado por la presidenta Cristina Kirchner a una comisión especial, y que se trataría este año en el Congreso, introduce como principales cambios la eliminación de la reincidencia y de la prisión perpetua.
En la Casa Rosada, la jefa de Estado recibió la iniciativa de manos de los integrantes de la comisión redactora, que trabajaron durante casi dos años encabezados por el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni.
También integran la comisión los diputados Federico Pinedo (PRO) y Ricardo Gil Lavedra (UCR), la exlegisladora del Partido Socialista María Elena Barbagelata y el exministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. "Es un nuevo Código integral que armoniza el sistema y encuadra normas penales que habían sido sancionadas y que estaban fuera del Código", comentó a Noticias Argentinas uno de los integrantes del cuerpo que confeccionó el proyecto.
Los redactores hicieron un gran esfuerzo para encontrar coincidencias, que se plasmaron en el texto, pero "hubo puntos de disidencia", especialmente sobre dos reformas resonantes: la eliminación de la reincidencia y de la prisión perpetua.
Sobre la eliminación de la reincidencia como agravante de la pena para personas que volvieron a delinquir, todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo, a excepción de Pinedo quien dejó expresada su disidencia en el anteproyecto.
Le entregaron a Cristina el anteproyecto de reforma del Código Penal
En cuanto a la eliminación de la cadena perpetua, sobre la que algunos sectores de la Justicia advirtieron que es inconstitucional, el proyecto divide los delitos en "graves y gravísimos".
Para los gravísimos se eleva la pena máxima de 25 a 30 años de cárcel, y se aplica para delitos como por ejemplo la violación seguida de muerte o delitos de lesa humanidad.
Pinedo pidió que se apliquen penas accesorias, como hacerle un seguimiento al recluso una vez que sea liberado, pero la idea finalmente no fue tenida en cuenta por el resto de los integrantes de la comisión.
En cuanto al aborto se acordó aclarar el texto anterior de los casos en los que se permite la práctica, ya que era confuso, pero no se avanzó en la despenalización.
Este freno fue fruto de un acuerdo de Zaffaroni con la presidenta Cristina Kirchner, que siempre se pronunció en contra de la interrupción de embarazos.
El texto estará acorde a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible, sin contar con una autorización judicial previa, lo que terminó con las dudas sobre la interpretación de un artículo del código penal que para algunos limitaba la realización de un aborto a quienes padecen discapacidad mental.
Pinedo pidió que se permita el aborto una vez que esté iniciada la acción penal por la violación y no con la simple declaración de la mujer abusada, pero no fue atendido.
En sentido contrario, Barbagelata -designada en la comisión por el Partido Socialista de Hermes Binner- propuso que se despenalice el aborto, lo que tampoco consiguió adhesión entre los demás miembros.
En la reforma también se introducirían delitos vinculados a la contaminación del medio ambiente y la sustitución de identidad por correo electrónico, al tiempo que se despenalizaría el consumo personal de drogas.
La comisión redactora del proyecto trabajó sobre el tema desde mediados de 2012 a instancias del Poder Ejecutivo, reuniéndose semanalmente en un salón de la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la eliminación de la cadena perpetua, sobre la que algunos sectores de la Justicia advirtieron que es inconstitucional, el proyecto divide los delitos en "graves y gravísimos".
Para los gravísimos se eleva la pena máxima de 25 a 30 años de cárcel, y se aplica para delitos como por ejemplo la violación seguida de muerte o delitos de lesa humanidad.
Pinedo pidió que se apliquen penas accesorias, como hacerle un seguimiento al recluso una vez que sea liberado, pero la idea finalmente no fue tenida en cuenta por el resto de los integrantes de la comisión.
En cuanto al aborto se acordó aclarar el texto anterior de los casos en los que se permite la práctica, ya que era confuso, pero no se avanzó en la despenalización.
Este freno fue fruto de un acuerdo de Zaffaroni con la presidenta Cristina Kirchner, que siempre se pronunció en contra de la interrupción de embarazos.
El texto estará acorde a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible, sin contar con una autorización judicial previa, lo que terminó con las dudas sobre la interpretación de un artículo del código penal que para algunos limitaba la realización de un aborto a quienes padecen discapacidad mental.
Pinedo pidió que se permita el aborto una vez que esté iniciada la acción penal por la violación y no con la simple declaración de la mujer abusada, pero no fue atendido.
En sentido contrario, Barbagelata -designada en la comisión por el Partido Socialista de Hermes Binner- propuso que se despenalice el aborto, lo que tampoco consiguió adhesión entre los demás miembros.
En la reforma también se introducirían delitos vinculados a la contaminación del medio ambiente y la sustitución de identidad por correo electrónico, al tiempo que se despenalizaría el consumo personal de drogas.
La comisión redactora del proyecto trabajó sobre el tema desde mediados de 2012 a instancias del Poder Ejecutivo, reuniéndose semanalmente en un salón de la Corte Suprema de Justicia.
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