El juez federal Ariel Lijo envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou y a otros cinco imputados en la causa por la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica.
En esta investigación, el ex vicepresidente está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haberse hecho con el 70% de la empresa a través de terceros.
Según lo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo cerró la instrucción del caso que busca aclarar si Boudou adquirió la imprenta de papel moneda junto a un socio en 2010 -mientras estaba al frente del Ministerio de Economía-, a través de un testaferro.
Así, Lijo sentará en el banquillo al exvicepresidente, junto a su presunto socio, José María Núñez Carmona, y el supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, entre otros, por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles” con el cargo público que desempeñaba, según se desprende del auto del magistrado.
La investigación apunta también a la posible complicidad del Fisco por levantar la quiebra que pesaba sobre la empresa desde 2010 por deudas impositivas y que impedía poder celebrar contratos con la Administración Pública.
“La Fiscalía tuvo acreditado que Amado Boudou, como funcionario público, adquirió a través de la firma TOF (The Old Fund) el 70% de la firma Ciccone Calcográfica SA de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone (antiguos propietarios), a cambio de realizar actos necesarios para salvar la empresa que se encontraba quebrada”, había explicado el fiscal a cargo Jorge Di Lello en el dictamen en el que pidió la elevación a juicio de la causa.
Lijo considera acreditados estos hechos y ahonda en que la operación fue en realidad parte de “un plan de pagos ilegal en la Administración Federal de Ingresos Públicos”, en el que Boudou “habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición”.