Presupuesto 2026: el Gobierno dice que ya no sirve porque vulnera el "déficit cero"

En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable.

Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.

En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al presidente a administrar un presupuesto sin superávit.

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.

Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.

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Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario genera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.

La opción de vetar el Presupuesto, gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.

En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.

La administración nacional de Javier Milei se convirtió en la primera gestión en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional. Así, durante el 2024 y el 2025 estuvo vigente el texto calculado para 2023. Esto le permitió al oficialismo poder llevar a cabo de manera más sencilla el recorte fiscal en diversas áreas de la administración pública. El Ejecutivo no tuvo intenciones reales de que la Ley de Leyes saliera en los años anteriores, pero sí en este, ya que buscaba tener previsibilidad del gasto propio, algo por lo que también presionan gobernadores y el FMI.