El Juez del concurso, Fabián Lorenzini designó dos coadministradores sin "desplazamiento del actual directorio de Vicentín", por un plazo de 90 días

El juez del concurso de la agroexportadora Vicentín, Fabián Lorenzini, intervino la conducción de la empresa mediante la designación de dos coadministradores y sin "desplazamiento del actual directorio" por un plazo de 90 días y prohibió modificar "la tenencia y composición" del capital accionario, informaron fuentes judiciales.

La resolución del magistrado señala que "la principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado".

En el mismo sentido, el magistrado señala también "el actual silencio con respeto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de octubre de 2020 (…) como así también la elaboración de un plan de negocios" para 2021.

En su decisión, fechada este jueves, Lorenzini dispuso "la intervención del órgano de administración" de Vicentin por 90 días hábiles judiciales prorrogables y designar como "interventor-coadministrador" al licenciado Andrés Schocron, actualmente veedor judicial del concurso propuesto por los acreedores.

El juez le otorga "rango similar" al de presidente del directorio de la empresa pero para "actuar de manera conjunta" con quien ocupa ese lugar de acuerdo a la última asamblea de accionistas.

Además, la resolución dispone que la intervención sea ocupada por una persona designada por el Gobierno de Santa Fe y establece que, hasta que sea designada, el cargo lo ocupe la titular de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ), María Victoria Stratta.

Entre las medidas dispuestas por el juez se destaca, también, su decisión como "medida de no innovar" la prohibición de "modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada".

En junio pasado el mismo juez había rechazado la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en la agroexportadora –que había contraído deudas impagas por U$S 1.400 millones- y dejó la administración en manos del directorio.

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