YPF, la petrolera controlada por el Estado, entregará finalmente mañana a la Justicia el contrato completo firmado con la compañía estadounidense Chevron para la explotación de Vaca Muerta, tras tres años de litigio.
La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado en julio el rechazo a planteos realizados por YPF contra la intimación que realizó la jueza de primera instancia para que cumpla con la sentencia que la obliga a hacer públicas las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron.
La Cámara, integrada por los jueces Carlos Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, ordenó a YPF cumplir con la entrega de toda la documentación en el plazo de 5 días que había sido fijado por la jueza de primera instancia.
En caso contrario, dispuso, deberá librarse mandamiento de secuestro de dicha documentación y remitir copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia. Fuentes oficiales confirmaron que la petrolera cumplirá con el mandato judicial de dar a conocer todos los detalles del entendimiento con Chevron, un documentos venía guardado bajo llave por las cláusulas de confidencialidad comprometidas.
El gobierno de Cristina Kirchner había auspiciado el 16 de julio de 2013 un entendimiento entre YPF y sus subsidiarias y la corporación Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en "Vaca Muerta", en la provincia de Neuquén.
El entonces senador socialista Rubén Giustiniani pidió informes a la justicia sobre ese acuerdo y en noviembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a su requerimiento para que YPF mostrara los detalles y las cláusulas secretas del convenio, basándose en el derecho a la información pública.
YPF había cumplido parcialmente con el trámite judicial al entregar cuando aún era conducida por Miguel Galuccio una copia del contrato al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, pero con las cláusulas sensibles tachadas, lo cual llevó a la Justicia a avanzar en la causa y exigir el contrato completo. La jueza Cristina Carrión de Lorenzo ordenó en marzo de este año ejecutar el fallo de la Corte sin restricciones en la información y fijó una multa diaria si no se cumplía con la sentencia a partir de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de las partes. La causa avanzó con interposiciones de la petrolera controlada por el Estado nacional hasta que el 14 de julio pasado la Cámara dijo que la firma debía cumplir con el pronunciamiento de la Corte Suprema y entregar "una copia íntegra del contrato involucrado".
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