El Municipio le rescindió la concesión a Transportes San Juan Bautista, que tenía a su cargo las líneas 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, de las que se harían cargo tres empresas: Primera Junta, La Colorada y Tomás Guido o San Vicente.
Tras varios días de conflicto, las líneas 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513 pasarán a ser operadas, en principio por tres empresas: Micro Omnibus Primera Junta, Micro Omnibus La Colorada y Tomás Guido o San Vicente (ambas del Grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor, DOTA), luego de que el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, decidiera sacarle la concesión a la empresa Transportes San Juan Bautista Sociedad Anónima (controlada por Micro Omnibus Quilmes Sociedad Anónima, MOQSA).
Según la propuesta que recibió la Municipalidad, Primera Junta tendrá a su cargo las líneas 506, 509 y 513; La Colorada, 500, 503 y 508; y Tomás Guido o San Vicente, 507, 511 y 512. Se desconoce quién se hará cargo de la 502, operada por El Nuevo Halcón. Tampoco se conoce el futuro de la línea 383, también de la San Juan Bautista, que es una concesión otorgada por el gobierno provincial.
La Comuna informó que "mediante el decreto 304/26, el intendente Andrés Watson determinó jornadas hábiles" el sábado, domingo, este lunes y mañana martes, "con la premisa de emplear los mecanismos extraordinarios indispensables para examinar las propuestas efectuadas por las empresas interesadas en absorber las líneas que operaba la compañía Transportes San Juan Bautista Sociedad Anónima tras la revocación de su concesión a través de la normativa 285/26.
La medida fue adoptada en el marco de día con protestas que alcanzaron el Concejo Deliberante local -que abordó este tema en una sesión extraordinaria- y protestas en distintos puntos, como en las calles adyacentes al Cruce Varela y en la avenida San Martín, donde se desarrollan los carriles del Metrobus (que comprende 2 cuadras de la avenida Mosconi, entre Eduardo Garriz y la avenida República de Francia, y de allí hasta 9 de Julio de 1816). Anteriormente, Watson retiró a la firma la posibilidad de operar en líneas comunales para el traslado de pasajeros mediante el decreto 285/26.
Al respecto, el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez, sostuvo que "la decisión del intendente fue clave en búsqueda de una solución a una problemática histórica que padeció la ciudadanía, agravada durante los últimos meses, con la premisa de proteger tanto a usuarios como al personal".
Un mes después de formalizar el Estado de Emergencia del Transporte Público en el partido, a partir de la normativa 40/26 respaldada por el Concejo Deliberante en sesión extraordinaria, el jefe comunal dictaminó la caducidad. El mencionado acto administrativo estipuló al responsable de la firma la obligación de sostener el servicio a la comunidad en el tiempo de readecuación para el funcionamiento de las líneas bajo su órbita y regularizar el pago de haberes de sus empleados. En caso de nuevos incumplimientos, se ejecutarán los mecanismos legales que condenen dicha situación.
"El mandatario comunal usó sus facultades e intervino ante un escenario crítico, ocasionado por una administración empresarial negligente que puso en riesgo a vecinos, vecinas e incluso fuentes laborales", aseguró el integrante del gabinete municipal. "En simultáneo, tuvimos reuniones con representantes de distintas empresas con el objetivo de examinar la factibilidad de tomar los recorridos e incorporar a los trabajadores en su plantel", describió.
A través de un comunicado, desde la Intendencia sostuvieron que "las prolongadas y reiteradas interrupciones en el transporte público, constatadas por el cuerpo de fiscalización perteneciente a la Municipalidad en diversos operativos, acreditaron varias y reiteradas faltas graves en las obligaciones imputadas al concesionario en el pliego de bases y condiciones aprobados por Ordenanza Nº9040/17, su Complementaria Nº1 más anexos correspondientes, las cuales nunca fueron subsanadas".
Además, el gobierno local notificó oportunamente a la empresa sobre la renovación de su parque automotor tras detectar en los habituales controles 35 unidades que superaban el máximo de antigüedad permitido y cursó la intimación pertinente para ajustarse a la reglamentación a través de cartas documento enviadas el 17 de noviembre, el 30 de diciembre y el 13 y 22 de enero.
Por último, el resultado obtenido en los frecuentes procedimientos realizados por agentes municipales para verificar el estado de la flota de vehículos "exhibió 66 rodados con deficiencias de diferentes características e inclusive quedó pendiente la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos según estableció la normativa provincial en la materia". Todas las faltas descritas fueron analizadas en la reunión de la mesa de trabajo conformada por miembros del Ejecutivo, concejales más empresarios del sector efectuada el viernes 6 de este mes.
"Una crisis de esta dimensión requirió un proceso institucional complejo, con plazos que respetar. Fueron días de labores coordinadas con múltiples actores involucrados en la confección de un diagnóstico certero, lejos de la improvisación, para garantizar acciones efectivas", remarcó Rodríguez.
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