Trece municipios rechazan la subasta de tierras del INTA AMBA dispuesta por Nación

La medida, impulsada por el Gobierno Nacional bajo una política de venta de activos estatales, ha generado un frente de resistencia institucional que abarca desde el oeste hasta la zona sur del Gran Buenos Aires. Diez concejos deliberantes ya aprobaron las normativas de protección: Almirante Brown, San Vicente, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Luján, San Martín, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En paralelo, Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora avanzan con expedientes similares.

Los jefes comunales coinciden en que la subasta de esos terrenos -fundamentales para la investigación y el apoyo a la agricultura familiar- representa un retroceso irreversible en la planificación urbana y la sostenibilidad regional. Para los gobiernos locales, no se trata simplemente de una operación inmobiliaria, sino de la pérdida de "pulmones verdes" y centros de conocimiento técnico que son vitales para el abastecimiento de alimentos frescos en la región más densamente poblada del país.

La resistencia se fundamenta en el rol que el INTA AMBA desempeña en el territorio. Desde las intendencias señalan que estos predios no son "tierras ociosas", sino espacios donde se desarrollan programas de soberanía alimentaria que benefician directamente a los vecinos de sus distritos. La eliminación de estos centros de experimentación afectaría la asistencia técnica a pequeños productores y los programas de huertas comunitarias que funcionan como contención social y económica en tiempos de crisis.

Desde el punto de vista político, los intendentes denuncian que la decisión nacional fue tomada de manera unilateral, sin consulta previa a las jurisdicciones locales y desconociendo las leyes de ordenamiento territorial vigentes. "Es una mirada centralista que prioriza la caja rápida por encima del desarrollo estratégico a largo plazo", señalan fuentes vinculadas a la mesa de coordinación municipal.

"Estamos defendiendo el patrimonio de nuestros vecinos frente a un modelo que ve al Estado como una inmobiliaria. Estas tierras garantizan calidad de vida y futuro ambiental para el Conurbano", expresaron referentes del bloque de mandatarios. El rechazo ha unificado a distritos de peso electoral y territorial, especialmente en la Zona Sur y el Oeste, donde el impacto de la venta de predios del INTA sería más severo. Los municipios advierten que el destino final de estas tierras sería el desarrollo de emprendimientos privados de lujo, lo que profundizaría la fragmentación urbana y privaría a las comunidades locales de espacios de uso público y científico.

Ante esta situación, los gobiernos municipales han comenzado a articular acciones que incluyen: Presentaciones judiciales, para frenar los remates basándose en el derecho constitucional a un ambiente sano y la protección de bienes del Estado destinadas al bien común; Declaraciones en los concejos deliberantes, buscando blindar el uso del suelo para evitar que las tierras destinadas a la investigación sean rezonificadas para fines comerciales; y Movilización social y técnica, involucrando a trabajadores del INTA, universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil en la visibilización del conflicto.

Para las gestiones locales, la venta de tierras es la punta del iceberg de un proceso de desfinanciamiento más amplio de la ciencia y la técnica en Argentina. El conflicto por el INTA AMBA se posiciona así como el nuevo escenario de disputa política entre el modelo de ajuste nacional y la defensa de la infraestructura pública territorial que sostienen los intendentes bonaerenses. La comunidad local permanece en alerta, a la espera de una resolución que determine si estos predios seguirán al servicio del desarrollo nacional o si pasarán a formar parte de activos privados.