123 años pasaron desde que se produjo el primer fallo contra empresas que contaminaban el Riachuelo y otros cursos de agua. La Red Nacional de Acción Ecologista señaló que “a finales de los años de 1880 Buenos Aires se hallaba en un grave problema de contaminación causada por los saladeros que arrojaban sus efluentes al Riachuelo. Cuando la ciudad sufrió la epidemia de fiebre amarilla, se empezó a tomar conciencia del problema, y se decidió tomar medidas”. Fue en 1887.
El Defensor del Pueblo de Avellaneda, doctor Sebastián Vinagre, pidió que al plan de saneamiento del Riachuelo se le sume el de los arroyos Sarandí y Santo Domingo, los cuales visitó acompañado por el ombudsman bonaerense, doctor Carlos Bonicatto, vecinos que trabajan en entidades protectoras del ambiente y representantes de la CGT. Allí, corroboraron los problemas de contaminación que afectan sus cauces, márgenes y zonas aledañas.
Según informaron desde la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, “el objeto de la visita fue que los arroyos Sarandí y Santo Domingo sean parte en el saneamiento planteado para el Matanza-Riachuelo, comprobándose en la recorrida que la génesis del problema y el nivel de contaminación merece el mismo tratamiento”.
Vinagre, ya había producido un duro documento sobre la situación de riesgos y contaminación de miles de familias, por ejemplo las asentadas cerca del puente Bosch, e insistió que “el reclamo es permanente a las autoridades de la cuenca, porque el fallo judicial trata de hace dos años. Pedir que se sume a los arroyos al saneamiento del Riachuelo, es otro paso para defender la salud de las familias de Avellaneda”.
Toma de agua
Desde la defensoría, se indicó que “la proximidad de las desembocaduras de los arroyos sobre la toma de agua de AySA afecta gravemente las aguas del Río de la Plata, fuente vital de todos los bonaerenses” y que “se pudo observar como desechan curtiembres e industrias de todo tipo, existiendo además la problemática de diversos asentamientos precarios al margen de los arroyos”.
Por informes
Por su parte, la diputada provincial Mónica López pidió informes sobre las empresas que contaminan el arroyo Sarandí. Lo fundamentó en “los sucesivos reclamos que recibimos de los vecinos de Villa Luján -Sarandí-” y que “pedimos saber la cantidad de empresas instaladas, los rubros y cuántos obtuvieron el servicio de aptitud ambiental”.
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