Según se supo, allí trabajan y vivían personas de nacionalidad boliviana, con el detalle de que justamente hace cinco años un caso similar se registró en el distrito, pero con 30 trabajadores. El municipio, no emitió comunicado al respecto de controles sobre esta clase de anomalías sociales, que no realiza o no advierte.
El operativo, fue ordenado por la Fiscalía 9 a cargo del doctor Mariano Leguiza y contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que garantizó el buen desempeño del procedimiento. Al momento del allanamiento, los inspectores de la cartera de Trabajo, a cargo del director de Inspección Laboral, Mariano Salomón, detectaron la presencia de 4 personas: dos mujeres y un menor que se encontraban trabajando y otro jovencito que se encontraba en el lugar, pero que según los dichos de la madre, no realizaba tareas.
En el aspecto vinculado a la salud y seguridad de los trabajadores, el parte indicó que "se verificaron instalaciones eléctricas deficientes, con riesgos constantes para la vida de las personas, falta de matafuegos, ausencia de botiquín, presencia de garrafas y anafes dentro del galpón donde trabajaban, en espacios compartidos con mesas de corte de tela".
A su vez, se constató la falta de elementos de protección personal, falta de certificado de agua potable, sanitarios deficientes y con falta de higiene, animales que dormían en el lugar de trabajo, y que era el mismo espacio destinado a esparcimiento y alimentación.
Modalidad conocida
De acuerdo al informe provincial, se intimó a los responsables del lugar a que presenten la documentación que acredite el vínculo legal de los trabajadores con el establecimiento y se verificaron documentos que daban cuenta del vínculo comercial del establecimiento con otros dedicados a la venta de indumentaria de reconocidas marcas.
En ese marco, Salomón destacó "el trabajo tanto de la fiscalía como de la policía" y explicó que ese tipo de procedimientos "se hacen habitualmente en diferentes rubros y el objetivo principal es mejorar las condiciones de trabajo de la gente".
Sin control
Por otro lado, mientras aguarda el tratamiento legislativo de la licitación por la recolección de residuos y barrido -el contrato con Covelia, ya prorrogado, vence en agosto- aún no se abordó el estudio del expediente que solicitó la clausura del predio -nunca habilitado- en Matanza y Arias, donde la empresa limpia sus camiones lanzando líquidos a la calle, según denuncias de vecinos.