La licitación no se trató en el Concejo Deliberante, que recién sesionará a fin de mes. El actual acuerdo es una prórroga, pero el nuevo llegará hasta 2017, cuando el mandato vence en 2015. Siguen las dudas.
El expediente de solicitud del envío de los pliegos de licitación de la recolección de residuos y el barrido tomaron estado parlamentario en Lanús y pasaron a comisión, luego de una dura polémica en el cuerpo antes, durante y posterior a la última sesión, antes de que los ediles se tomaran vacaciones de invierno. Es que el contrato de recolección en Lanús vence el 8 de agosto, algunos pidieron ver los pliegos, pero los mismos no están si la licitación aún no se aprobó, además no es resorte del Legislativo el tema.
Sin embargo, el llamado a licitación pasó las comisiones de Obras y Hacienda, pero ante tanto revuelo, el oficialismo del HCD lo destinó a Gobierno, como una forma de ganar tiempo ante la duda si alcanzarían la manos dado que de los 4 massistas sólo una concejala garantizó su voto positivo.
El tiempo se acorta cada vez más para el llamado a las licitaciones de recolección y parte del barrido, ya que los contratos actuales vencen en menos de un mes, y son prórroga del que se formalizó anteriormente. Casi no hay tiempo, pero delante están las elecciones primarias y, los riesgos de todo el arco peronista son muchos. Es que el compromiso venidero del servicio, alcanzará hasta el año 2017, cuando la actual gestión vencerá en 2015 y muy pocos le pone fichas a su continuidad frente a varias encuestas a favor del sector de Sergio Massa.
Para el edil Oscar López (GEN), "lo más increíble es que autorizan el compromiso de fondos por cuatro años ". Es que no es obligación enviar los pliegos, la licitación se conocerá contrarreloj y será defendida en el recinto más que en los medios. Pero hay otro problema, de confirmarse la presentación de dos empresas, si Covelia no es la ganadora la otra deberá absorber a sus empleados y pagarles indemnizaciones.
En cuanto a los proyectos de recolección y barrido, en un caso se permitió que el Ejecutivo ajuste mayores costos sin consulta, pero en otro no, aunque cada cambio debería ser aprobado por el HCD, más allá de los famosos "superpoderes". De ese modo, el gobierno comunal modificaría a su gusto los valores. El oficialismo busca consensos -manos seguras-, y no pisó el acelerador por temor a un efecto rebote.
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