El Municipio llevó a cabo el procedimiento sobre motos y automóviles que cumplieron los plazos legales de retención. La medida apunta a descontaminar los predios de almacenamiento, descongestionar los frentes de las dependencias policiales y mejorar el orden urbano.

El Municipio de Almirante Brown ejecutó una nueva jornada de compactación y disposición final que abarcó un total de 900 motocicletas y automóviles. Los vehículos incluidos en el procedimiento provienen de los diferentes operativos preventivos de control vial realizados en los barrios del distrito, así como de unidades que se encontraban en estado de abandono o siniestradas en la vía pública y que, debido a su avanzado deterioro, eran consideradas chatarra.

La supervisión de las tareas estuvo a cargo de la jefa de Gabinete de la Comuna, Paula Eichel, quien recorrió el predio de Ghiraldo y 25 de Mayo. Las autoridades explicaron que cada unidad es sometida a un proceso previo de descontaminación antes de su destrucción definitiva, lo que constituye un eje central de la política ambiental del municipio. La acumulación prolongada de rodados judicializados o retenidos genera focos de contaminación debido a la pérdida de fluidos, aceites y la degradación de materiales, además de propiciar la proliferación de vectores de enfermedades. En ese sentido, Eichel remarcó que se trata de "una política pública que mejora la seguridad, libera los espacios públicos y mejora nuestro ambiente".

Desde la administración local precisaron que todo el proceso de compactación se ejecuta en estricto cumplimiento de las normativas vigentes del ordenamiento civil y administrativo. Una vez que transcurre el plazo legal de seis meses desde la retención del vehículo en la vía pública, la Comuna inicia un protocolo de notificación formal en el domicilio registral del titular de la unidad.

En paralelo, los datos técnicos del rodado son publicados tanto en el Boletín Oficial como en un medio de comunicación de alcance local. Esta instancia legal otorga a los propietarios un plazo determinado para ejercer su derecho de reclamo, regularizar las actas correspondientes o recuperar la posesión del bien antes de que este sea retirado definitivamente de circulación y derivado a la línea de compactación.

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