La nueva norma obliga a las empresas de redes sociales a designar a un representante y a mantener sus servidores en Turquía, así como a almacenar datos de los usuarios en el país euroasiático.

Turquía aprobó este jueves una ley que permite censurar contenido en redes sociales y confiere a las autoridades un mayor control sobre los usuarios.

La enmienda fue impulsada por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y aprobada con el apoyo de su aliado parlamentario, el ultranacionalista Partido Movimiento Nacionalista (MHP).

Asimismo, se establece un plazo de 48 horas para eliminar contenido que las autoridades consideren "ofensivo" y en el caso de no cumplir con sus nuevas obligaciones podrían enfrentarse a multas de entre 1.500 y un millón de dólares.

Partidos de la oposición, varias ONGs de derechos humanos y asociaciones de periodistas se opusieron a la reforma al considerarla "anticonstitucional" y advirtieron de que la medida puede llevar a un mayor control y censura de la ciudadanía.

"Esta enmienda aumentará significativamente los poderes del Gobierno para censurar contenido en la red y procesar a los usuarios de redes sociales", señaló en un comunicado Andrew Gardner, portavoz de Amnistía Internacional en Turquía.

"Es una clara violación del derecho a la libertad de expresión en la red y contraviene el derecho y las normas internacionales de derechos humanos", agregó.

A su vez, durante el debate parlamentario, miles de usuarios publicaron mensajes en Twitter pidiendo que paren la ley de censura.

El Gobierno turco dice que la ley debe aplicarse porque las compañías tecnológicas no han tomado medidas contra actividades como el acoso sexual, los juegos de azar ilegales, fraudes y apoyo al terrorismo. No obstante, en los últimos diez años, cerca del 90% de los principales medios de comunicación terminaron bajo control directo o indirecto del Gobierno, y los turcos recurren a las redes sociales para obtener noticias independientes.

Turquía ocupa el puesto 154 de un total de 180 países en el índice de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, y ha encarcelado a decenas de periodistas bajo acusaciones genéricas como apoyo al terrorismo.

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