Fueron secuestradas por clanes mafiosos que manejan el negocio de la prostitución. Mientras, perdió estado parlamentario el proyecto de modificación de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.
El año pasado, el Senado del Congreso de la Nación aprobó el proyecto de modificación de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”. Entre los puntos principales, se encontraba el aumento de penas a los proxenetas, la confiscación de sus bienes y quitar la figura del consentimiento de las mujeres adultas victimizadas.

La Cámara de Diputados debía ocuparse del tema y aprobarlo, para dotar de nuevas herramientas al Estado, y en particular a los juzgados y fiscalías que persiguen a las redes de tratantes. Esto no ocurrió, y la ley perdió estado parlamentario. Mientras, son más de 700 las mujeres y niñas que son buscadas en todo el país tras resultar secuestradas por los clanes mafiosos que manejan el oscuro “negocio” de la prostitución.

La actual ley fue promulgada en 2008, y colocó al país en una posición de avanzada en el marco de la persecución del flagelo. “Pero una vez que comenzó a rodar esta ley, se fueron advirtiendo contradicciones y agujeros. Así se generó una profunda discusión de sus alcances, con una gran articulación de las distintas instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales. Se logró coordinar una modificación y el año pasado los senadores votaron positivo. Pensamos que los diputados se ocuparían rápidamente, pero nos equivocamos. Nunca lo hicieron, y la modificación perdió estado parlamentario. Es decir, hay que empezar desde cero.

Es aberrante, porque hay una sociedad entera que pide a gritos que la trata de personas sea erradicada, o que la lucha cuente con mayores y mejores herramientas”, explicó Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro.

Cabe destacar las cifras estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en los primeros nueve meses de este año logró rescatar a un total de 572 personas sometidas a regímenes de explotación sexual (se suman 380 rescatadas de la explotación laboral, que también incluye la ley nacional). Pero no es todo, porque desde la sanción de la herramienta legal, a instancias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya son 3.705 las personas rescatadas de organizaciones criminales que las explotaban.

“Siempre decimos que vamos por más. Que se puede. Es una pena que los diputados no se hayan comprometido con esta lucha. Hay que decir que no son todos, muchos legisladores trabajan de manera incansable. Pero lo concreto es que el proyecto perdió el estado parlamentario, cuando había consenso de todos los sectores”. Acerca de la modificación del proyecto, la especialista manifestó que “se aumentaban las penas, se habilitaba la confiscación de los bienes de los proxenetas para sumar apoyo a las víctimas, y fundamentalmente se quitaba el horror del consentimiento, una vergüenza que es una mancha para la ley, así que la conclusión es que muchos legisladores no sienten la urgencia de esas más de 700 familias que buscan a sus hijas con desesperación”.

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