El Tribunal Oral en lo Penal Económico Tres (TOPE3) condenó a tres años de prisión a una mujer que intentó contrabandear a España algo menos de un kilogramo de clorhidrato de cocaína en una encomienda que supuestamente contenía golosinas y que fue detectada por un perro antinarcóticos, entre otros controles aduaneros.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que los camaristas Luis Imas, Karina Perilli y Susana Castro de Pellet Lastra, encontraron a Alicia Margarita Fernández, de 33 años, autora penalmente responsable del delito de tentativa de contrabando.
A la mujer se le imputa "haber intentado extraer del territorio argentino sustancia estupefaciente -786,80 gramos de clorhidrato de cocaína- el día 2 de setiembre de 2011, mediante un envío postal, en el vuelo AR 1132 de la empresa aerocomercial Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Madrid".
Los jueces evaluaron que "la citada sustancia se hallaba acondicionada de manera oculta en una encomienda consistente en una caja envuelta en papel madera que contenía a su vez una caja de cartón" con la inscripción de una conocida marca de goma de mascar.
La droga fue detectada "con motivo del procedimiento de control efectuado por los agentes preventores de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Bodega de Exportación del Correo Argentino sita en la Terminal Única de Correos".
"La encomienda en cuestión fue sometida a rayos X, como así también al control del can 'Nilo°, quien exhibida que le fuera la misma marcó de manera positiva la presencia de estupefacientes", explicaron los magistrados, quienes indicaron que el empaque había sido despachado en una sucursal del Correo Argentino en el metropolitano barrio de Once.
La mujer sostuvo que la encomienda le había sido entregada por "una persona mayor de sexo masculino en la plaza sita en el barrio de Once de esta ciudad, quien le habría pedido si le hacía el favor de enviarle una encomienda con ropa y juguetes que estaba destinada a sus nietos quienes residían en España, ofreciéndole a cambio el pago de la suma de 100 pesos".
Sin embargo, los camaristas descreyeron de esa excusa y sostuvieron que "resulta inverosímil -de acuerdo a máximas de la experiencia- que la imputada acepte la propuesta efectuada por un desconocido en la vía pública confiando en la licitud de esa actividad".
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