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Política
23 | 06 | 2016
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Procesaron a ex funcionarios por aportes a la campaña de Cristina de 2007

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La decisión la tomó el juez Ariel Lijo por irregulariddes en la procedencia de esos fondos. Los involucrados son Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo. También los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone

Procesaron a ex funcionarios por aportes a la campaña de Cristina de 2007
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El juez federal Ariel Lijo procesó este jueves a los ex funcionarios kirchneristas Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, por lavado de dinero por la procedencia de los aportes para la campaña presidencial de 2007 que consagró a Cristina Fernández de Kirchner presidenta de la Nación.
 
El juez consideró que a través de aportes hechos por varias empresas se puso en circulación en el mercado la suma total de 886 mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.

En diálogo con Radio Nacional Lijo reafirmó que "parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña" que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia en 2007 "tenía origen ilegal" y, por lo tanto, se trató de "una operación de lavado de dinero".

"Se terminó demostrando que parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña, fundamentalmente el que tenía que ver con el aporte de las droguerías, tenia origen ilegal y, por lo tanto, era una operación de lavado de dinero", dijo el magistrado.

De esta forma, el magistrado explicó los fundamentos de los procesamientos que dispuso hoy en el marco de una causa que investiga el origen de los fondos con los que se financió parte de la campaña del Frente para la Victoria de cara a las elecciones del 2007.

Los procesamientos abarcan al ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña, Héctor Capaccioli; el ex legislador porteño Sebastián Gramajo; y Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez cuya autoría intelectual se atribuye a Ibar Pérez Corradi.

"Ninguno de los aportantes tenía la capacidad económica para hacer los aportes que hicieron?, sostuvo Lijo y recordó, además, que, de hecho, algunas esas personas "están hoy procesadas por asociación ilícita en la causa de la mafia de los medicamentos, o imputadas con presunciones severas en la causa de tráfico de efedrina".

Según dijo, todo esto hizo que la investigación fuera muy "compleja" y que la causa se haya extendido en el tiempo, "mucho más de lo que es aconsejable". "La complejidad de la investigación, las vicisitudes procesales que tuvo y las pericias contables que se requirieron, hicieron que la causa se demorara muchísimo más de lo que me hubiese gustado", reconoció el juez.

Tras dejar en claro que se trató de una operatoria de lavado de dinero, explicó que "las personas responsables y que estaban en conocimiento de esta situación son las que estaban imputadas y procesadas". No obstante, señaló que en el expediente no tienen pruebas de que el resto de los imputados "estuviera al tanto o hubiera apañado o consentido esta situación".

"Estas personas vinieron, declararon, pero no señalaron a nadie", dijo Lijo, quien definió al rol de Héctor Capaccioli como el del "recaudador financiero" para la campaña. También, sostuvo que el aporte fue "en efectivo", que estaba probado "el vínculo entre los recaudadores y los empresarios" y que "todos los recibos fueron encontrados en la misma casa".

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