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Política
05 | 09 | 2016
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Piden que Cristina Kirchner declare por licitaciones de Obras Públicas

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Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques elevaron un pedido de citación a 33 personas acusadas de defraudar al Estado al entregar obras a Lázaro Báez entre 2003 y 2015

Piden que Cristina Kirchner declare por licitaciones de Obras Públicas
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Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reiteraron este lunes el pedido de indagatorias de la expresidente Cristina Kirchner y de otras 33 personas acusadas por fraude al Estado por haber otorgado licitaciones de obra pública al empresario Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Los fiscales acompañaron el documento con unas 227 evidencias, que presentaron ante el juez Julián Ercolini. Entre los funcionarios que figuran en el pedido, se encuentran el exministro de Planificaición Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; y los exsubsecretarios de ObrasPúblicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala.

En el pedido, los fiscales también apuntan a Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; el exdirector Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; a los exsubadministradores de la Dirección de Vialidad Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Alonso; a los exgerentes de DNV Francisco León, Norma Villareal, Sergio Passacantando; a los exgerentes de Obras y Servicios Viales de la DNV Víctor Francisco Farré y Jorge Eduardo Gregorutti; a los ex Gerentes de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Eduardo Lence, Gustavo Gentili y Fernando Abrate.

Pollicita y Mahiques también volvieron a pedir la indagatoria de otros exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Ernesto Morilla, Juan Carlos Villafañe; Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Gustavo César Torres, Juan José Ramón Berraondo, Héctor René Jesús Garro, y José Raúl Santibañez.


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Los pedidos de indagatorias también recayeron para el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín; así como en el presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza; de Fernando Javier Butti, que compró la firma Kank Costilla S.A en representación del empresario patagónico; y Myriam Costilla.

La fiscalía reiteró en su pedido de indagatoria que la sospecha es que "mientras el empresario Lázaro Báez-amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros" esto último lo que se investiga en el caso Hotesur, a cargo del juez Claudio Bonadío.

Según cálculos de la fiscalía, Lázaro Báez recibió el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz, y ésta sola provincia recibió por parte de los Kirchner el total de licitaciones que recibieron otras seis.

 Pollicita y Mahiques evaluaron al reclamar las indagatorias un total de 17 licitaciones de obras de rutas que los Kirchner entregaron al grupo Báez.

 En tanto, en el nuevo pedido de indagatorias señalaron los fiscales que "se han consultado distintos expedientes que funcionaron como "casos testigo" a los fines de corroborar en los casos en concreto cómo se llevaban a cabo los procesos de licitación de las rutas que eran adjudicadas al Grupo Báez".

 Para la fiscalía existió una "matriz general de corrupción" por la concesión de obra pública durante el kirchnerismo a las empresas del grupo Báez.  "Todo ello, nos permitirá concluir que se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción suficientes para tener acreditado el grado de sospecha necesario para convocar a las personas enumeradas en declaración indagatoria, y por lo tanto, no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada", señalaron en el escrito al que accedió la agencia NA.

En ese sentido, Pollicita y Mahiques evaluaron "la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa" ya que es "deber del Estado Argentino y, en particular, de los jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de corrupción"

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