La Cámara de Diputados intentó, durante los últimos 20 años, avanzar en la discusión de un nuevo régimen penal juvenil, donde se baje de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, pero nunca pudo superar el filtro de una discusión a nivel de comisión, debido a la falta de acuerdo político.
Sólo el Senado puedo aprobar en 2009 un proyecto para bajar la imputabilidad, pero luego se empantanó en Diputados por las críticas de diputados kirchneristas, del radicalismo, la izquierda y del socialismo.
Carrió propone un régimen penal para jóvenes de entre 14 y 18 años para que tengan derecho a la defensa, y establece que en caso de prisión la pena deberá purgarse en un centro especializado para tal fin.
En los proyectos de Victoria Donda y de la radical Ana Carrizo se deja establecido que este régimen solo pueda aplicarse a mayores de 16 años y que éstos no podrán ser juzgados con las reglas procesales de los mayores, con lo cual se rechaza de plano la baja de imputabilidad.
Ahora con el anuncio del ministro de Justicia Germán Garavano de discutir una nueva ley que aborde el régimen penal juvenil en 2018, volvió a instalarse la discusión sobre si es conveniente o no bajar la edad de imputabilidad, y también la polémica dentro todas las fuerzas políticas.
En el oficialismo también hay sustanciales diferencias, ya que mientras Carrió propone un régimen especial desde los catorce años, el presidente del interbloque, Mario Negri, pide prudencia para abordar esos temas y señaló en una nota a Canal 7 que "'es impensado imaginar que vamos a ir a la atropellada a modificar el Código Penal".
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Petri publicó en la red social Twitter que en Bolivia la edad comprendida es de 14 a 18 años; lo mismo que en Chile, Colombia y Paraguay. En Brasil es de 12 a 18, igual que en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela.
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