El gobierno nacional aún sigue sin definir qué hará con los impuestos al tabaco, mientras crece la especulación en quioscos y la incertidumbre en consumidores obligados a pagar un precio de hasta 70 pesos por atado, monto que implica un aumento superior al 40 por ciento y que se comenzó a implementar, por parte de los comerciantes, entre finales del año pasado y los primeros días del que acaba de comenzar.
La cuestión preocupa a entidades de consumidores, pero también a las propias tabacaleras y la cadena comercial, sumida en una anarquía de precios, superior a la que se registraba tanto entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y últimamente entre los mismos quioscos porteños, con precios diferentes para el mismo atado de cigarrillos.
La falta de comunicación oficial sobre la prórroga o ratificación de dos impuestos que afectan a los cigarrillos hace que los quioscos especulen con los precios de venta al público.
El gobierno debería ratificar la continuidad del impuesto interno al tabaco, cuya alícuota subió por decreto en mayo del año pasado, del 60 al 75%, mientras que otro gravamen que debe ser ratificado es el llamado Fondo de Asistencia Social (FAS), que por ley es del 21%, pero cada año se reduce esa alícuota en 7%.
El desconcierto nace debido a que ambos impuestos regían hasta el 31 de diciembre del año pasado y el gobierno nacional aún no publicó todavía su prórroga en el Boletín Oficial.
En tanto, desde la industria tabacalera estiman que la demora oficial se debe al cambio ministerial en Hacienda, tras la salida de Alfonso Prat-Gay y la llegada de Nicolás Dujovne.
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Pero la especulación surge a partir de la no ratificación de la ley de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% al consumo con tarjeta de débito, que vencía también el 31 de diciembre y no se publicó en el Boletín Oficial, dándose oficialmente por suprimido ese beneficio para los consumidores desde la época en que Domingo Cavallo supo manejar los destinos económicos del país durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
Ese atraso legal hace que los quiosqueros, que aseguran tener la nueva lista de precios emitida por la industria del sector, apliquen aumentos superiores al 40%, restrinjan la venta a un atado por persona o directamente argumenten que no le entregaron mercadería, negándose a vender a precios viejos.
A fines del año anterior se dio la misma situación, pero como el gobierno nacional había adelantado que no se modificaría la estructura impositiva, no hubo especulación sobre el precio y la prórroga de los gravámenes se publicó recién el 7 de enero.
Voceros de la industria tabacalera argumentan que el aumento de precios no está avalado por las compañías y ratifican que los precios vigentes son los mismos que los del pasado 30 de noviembre, cuando se aplicó el último aumento en los valores de los cigarrillos.
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