El Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma electoral

El escrito ingresó en la Cámara Alta y cuenta con 79 artículos entre los que se presentan las reformas para la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

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La elección de que el Senado sea cámara de origen tiene que ver con que el Gobierno se propone consensuar los votos con las provincias, que son las principales interesadas en avalar o no estos términos puestos por el Ejecutivo.

Este martes, el propio Javier Milei anticipó en sus redes sociales que enviarían el proyecto y dijo: “ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!“.

Desde la Oficina del Presidente enviaron un comunicado en el que expresaron que el proyecto busca “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

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El comunicado del Gobierno.

Los tres puntos centrales de la reforma electoral

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente, junto con una serie de modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones.

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Además, el proyecto incorpora el criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.