En la apertura de la Asamblea de Estados Parte, el representante argentino Diego Sadofschi pidió acciones urgentes por la situación en Venezuela y reclamó avanzar con órdenes de arresto.
La intervención argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) generó uno de los momentos más tensos en la apertura de la Asamblea de Estados Parte en La Haya, en la jornada de este lunes. El representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, advirtió sobre el “deterioro” de la situación en Venezuela y sostuvo que las denuncias por detenciones arbitrarias y tratos inhumanos requieren medidas concretas sin más demoras.
Según planteó, desde que la Fiscalía cerró el examen preliminar en noviembre de 2021 “hubo pocos avances”, lo que afecta la confianza en el sistema internacional de justicia. Para Sadofschi, avanzar con órdenes de arresto sería un paso clave para garantizar respuestas a las víctimas.
La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
La reacción del embajador venezolano Héctor Constant Rosales fue inmediata y marcó el tono de la discusión. Acusó a la Argentina de “politizar” la conferencia y cuestionó su postura en organismos multilaterales, recordando votaciones recientes en la ONU sobre derechos humanos. También señaló que la administración argentina “no acompaña” resoluciones vinculadas a la prohibición de tortura.
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En medio de la tensión, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas por falta de “progreso real” en materia de complementariedad, el principio que obliga al propio Estado investigado a llevar adelante procesos internos. El organismo recordó que en 2023 ya había rechazado los intentos del gobierno venezolano de frenar la investigación abierta en 2018, que abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Antes de finalizar la sesión, Sadofschi aclaró que la decisión argentina de no trabar consensos no significa un gesto político hacia Caracas, sino un respaldo al funcionamiento de la CPI y a las negociaciones sobre Estados con deudas en el organismo.
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