Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, el Banco Central elevó a la SIGEN y la OA documentación del acuerdo con el FMI.

El Banco Central informó este lunes que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA) "toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado".

La decisión tomada por la autoridad monetaria fue informada minutos después de que el presidente Alberto Fernández indicara ante la Asamblea Legislativa el inicio de una "querella criminal" en referencia al préstamo de US$ 55.000 millones que otorgó el organismo multilateral de crédito en 2018.

"He instruido he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y participes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", dijo el primer mandatario.

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El Banco Central pidió "la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.

Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el Ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019", así como las actuaciones administrativas referenciadas y de los expedientes tramitados en el BCRA.

En un comunicado, el ente presidido por Miguel Pesce recordó que esos expedientes "fueron remitidos a fines de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación".

En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración del ex presidente Mauricio Macri resultarían "incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.

Según el Banco Central, en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ministerio se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional.

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"Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características", puntualizó.

Según la legislación vigente, " el PEN no tendría facultades para la firma del acuerdo", advirtió la autoridad monetaria, que agregó que en el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión.

Luego de recordar que en convenio constitutivo del FMI prohíbe a los países miembro la utilización de recursos prestados por el organismo para "hacer frente a una salida considerable o continua de capital", el Banco Central aseguró que "la administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante".

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