Luego de que la oposición lograra imponerse en el parlamento nacional respecto de impedir el aumento tarifario establecido por el Gobierno toma fuerza la idea de replicar la situación en la legislatura del principal distrito de la república, y la gobernadora se encargó de advertir la situación.

Encandilada por los chisporroteos que en el Congreso de la Nación se produjeron por el tratamiento del tema tarifas, de escasas o nulas consecuencias reales en los desembolsos concretos que tendrán que hacer los consumidores, la gobernadora Vidal aprovechó para zamarrear a la oposición provincial por la actitud ante la propuesta de morigerar aumento de tarifas en la provincia.

El gobierno bonaerense pretende reducir el costo total de las facturas de electricidad en un 15,7 %, 6,3% en gas y 6,3% en agua. Para lograr este cometido, y "limpiar" la factura de otros conceptos que no sean los propios servicios esenciales, la gobernadora Vidal promulgó un decreto.

Así quitó algunas de las cargas adicionales que tenía la factura que significó resignar recaudación provincial; otros conceptos deben ser eliminados o disminuidos a su mínima expresión por ley, y se trata de fondos municipales. Y en eso está la Legislatura que en el Senado aprobó la norma que quita los conceptos municipales pero ahora resta ser tratado por los diputados para obtener su sanción. Algo que está por verse.

Es que Intendentes del peronismo, de diverso pelaje, pidieron a sus legisladores que rechacen el proyecto oficialista que elimina dos impuestos a los servicios públicos esenciales que recauda la provincia pero que engordan las arcas comunales en todos los casos.

Así se reduciría en un 6 % sobre el bruto facturado de la tarifa de electricidad y en un 4 % la de servicios sanitarios de agua, que están incluidos en aquel porcentaje consignado arriba.

Hubo varios encuentro pero básicamente se destacó el último desarrollado este martes en la legislatura provincial donde más de una docena de intendentes del kirchnerismo, el PJ, el denominado "bloque interior" y el massismo, junto con una docena de legisladores de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador tuvieron una tendida inaugural de cara a lo que acontecerá mañana, cuando están convocado el plenario de comisiones legislativas.

Se espera que para la tarde el viernes estén los despachos correspondientes, de mayoría y de minoría para así avanzar en la convocatoria de la sesión, que podría ser el próximo 7 de junio. Pero así como llamó la atención que kirchneristas y massistas compartieran la reunión también se destacó la ausencia de los diputados del PJ-Unidad y Renovación y de los dos bloques minoritarios a los que apunta, al parecer, Cambiemos para sancionar la ley.

De los intendentes denominados dialoguista estuvo en principio Leonardo Nardini, el mandamás de Malvinas Argentinas, que integra el espacio que se autodenominó PJ-UyR, bloque que en diputados conduce Julio Pereyra y que tributan otros intendentes como el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde o el Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Pero sucede que Nardini, a diferencia de los otros dos consignados, no tiene, en principio diputado o diputada provincial que le respondan como sí poseen los otros. Además al intendente de Malvinas, pierde de sancionarse la ley la friolera de 100 millones de pesos al año, un numerito. El por ello que la gobernadora insistió "lo que habría que plantearse es qué puedo hacer yo, cuál es mi parte. Nosotros eliminamos los impuestos provinciales que estaban en todas las tarifas y hoy la gente paga diez por ciento menos en electricidad, seis por ciento menos en gas y tres por ciento menos en agua", dijo en ese sentido Vidal. "Todo está a la vista, la grandeza y la mezquindad. Uno elige donde se quiere parar", interpeló la mandataria.

Pero en ese marco de preocupación, por parte de los jefes comunales, que mantienen por la posible quita de impuestos que se cobran en las facturas de servicios públicos y el impacto que esa reducción presupuestaria tendría en sus municipios de dieron otras reuniones.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibió en discreto hermetismo al intendente platense, Julio Garro, y sus pares de Vicente López, Morón y Lanús; Jorge Macri, Ramiro Tagliaferro y Néstor Grindetti respectivamente. En la jerga se trata de la mesa de comandantes del PRO, que además llegaron acompañado del secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell. Aunque no lo son, o al menos abiertamente, los cuatro comparten las mismas preocupaciones que los intendentes peronistas. La reunión fue "esclarecedora pero no tranquilizadora", sintetizo una fuente calificada.

Idénticos sentimiento expresaron ante el jefe de la bancada de diputados de cambiemos, Maxi Abad, los integrantes de la mesa chica del foro de intendentes de Cambiemos que representan al radicalismo. Abad los tuvo que arengar para convencerlos de la necesidad que tiene el gobierno provincial de la normativa, quien sabe si los convenció.

SITUACIÓN:

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un informe en distintos puntos de la provincia que reveló que 1 de cada tres comercios barriales paga más por las tarifas de gas, luz y agua que en el alquiler, en un contexto en el que el 69% de los comerciantes considera que su situación económica será peor dentro de los próximos seis meses.

Por un lado, una encuesta que se elaboró en el distrito de General San Martín, que gobierna el intendente Gabriel Katopodis, muestra que el 80 % de los comerciantes no son propietarios de sus locales, y que paga un 30% más por los servicios que por el alquiler; también el informe reveló que hay un 20 % de comerciantes que de cada $100 que destinan al alquiler, en promedio $ 80 van a los servicios públicos.’La muestra es significativa porque sabemos que estos negocios, como por ejemplo las despensas, son uno de los termómetros más fieles a la hora de hacer un diagnóstico de la situación económica del país y de la Provincia. En estos emprendimientos es donde se ve cómo los aumentos irracionales terminan impactando negativamente en la cadena productiva’, consideró el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

ESTACIONAMIENTO:

Hace unos días se votó en el Concejo Deliberante de Moreno el proyecto de ordenanza a través del cual se implementa el estacionamiento medido en dicho distrito del oeste del conurbano. De los 24 integrantes del Concejo se hicieron presente 18 y 17 votaron favorablemente, a excepción de Gisele Agostinelli, que votó de forma negativa al considerar que se estaba frente a "varias irregularidades".

De todas formas, así se avanzó formalmente en la adjudicación la firma IPS Group SA, única oferente, del sistema de Estacionamiento Medido en Moreno, constituida como sociedad hace 8 meses, con un capital de 100.000 pesos, aunque no tiene movimientos económicos ni tampoco empleados. Además, con la particularidad de presentarse como subsidiaria de IPS Group Inc. cuya casa matriz es California, Estados Unidos.

De todas formas el Concejo Deliberante homologó la adjudicación. El Departamento Ejecutivo tuvo el expediente que recorrió todas las secretarías actuantes. Los dos poderes coincidieron en la transparencia e importancia del asunto, pero el intendente Walter Festa vetó la ordenanza a partir de los rumores, dudas e interrogantes que presentó el concejal Leonardo Cóppola, que no participó de la sesión en el Concejo por encontrarse en uso de licencia, pues además de ser concejal electo es funcionario del PAMI, un clásico vicio de la política del conurbano que rápidamente sintonizó bien con Cambiemos. Particularmente el concejal con licencia Coppola denunció que la firma Tallión apareció como inhibida por el Juez Ercolini en el año 2016 en la causa Cristóbal López, Grupo Indalo. En la comarca hubo que esperar que el concejal José Barreiro, del peronismo kirchnerista, regresara de un viaje oficial a China para que se dieran algunas explicaciones formales.

Así Barreiro aclaró, en primer lugar, que lo adjudicado es a tres empresas que conformarían una Unión Transitoria de Empresas (UTE), "se trata de IPS nacional, IPS Estados Unidos y Tallión. El artículo Nº 7 del pliego dice claramente que tienen 180 días para conformar la UTE", detalló el concejal oficialista.

Además explicó que por un lado está el proceso administrativo, que es donde nosotros (los concejales) fundamentamos llevar adelante esta licitación, "pero está el manto de transparencia que propuso el intendente (Walter Festa) que cuando veta la adjudicación" y envía el expediente de nuevo al Concejo Deliberante.

Ahora los concejales están en esta disyuntiva, pues tienen dos caminos para seguir, se puede rechazar el veto y se ratifica la adjudicación o bien se acepta el veto y se hace otro llamado a licitación. Esto es al menos es lo que entiende el principal referente del oficialismo en Concejo Deliberante de Moreno, el concejal Barreiro, aunque muchos consideran que se trata de una "interpretación muy particular" del veto de un intendente.

MUNICIPALES:

Más de 1500 trabajadores se movilizaron al Palacio Municipal de Avellaneda a reclamarle al Intendente Jorge Ferraresi el cese a la persecución gremial de la que son objeto.

Además se reclamó un Sueldo Básico de $13.000, actualmente el básico que tienen los municipales en Avellaneda es de $7.100, mensualidad que se encuentra por debajo del nivel de indigencia, y cuando el salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $ 9.500.

Otro de los temas importantes de la movilización, fue la necesidad de convocatoria a Paritarias libres según lo establece la Ley 14.656 de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de los Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires.

Encabezaron las movilización, la primer movilización sobre este tema, pues aseguran que habrá muchas más dónde no se respete la Ley y a los trabajadores, secretario general de los municipales de Avellaneda, Hernán Doval, el Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Ruben "Cholo" García, y el Secretario General de Moreno y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, Marcelo Cosme.

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