La reducción del tributo sería una decisión que tomaría a la brevedad la administración macrista, según quedó establecido en una reunión entre el Presidente y funcionarios del área social.

El gobierno nacional se apresta a implementar una quita diferencial en favor de los sectores de menores recursos sobre las cargas aplicadas a sus compras por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) según surgió de la reunión mantenida por el presidente Mauricio Macri con algunos de sus colaboradores del área social y ratificado por legisladores nacionales oficialistas.

Con su alícuota del 21% la Argentina es uno de los 89 países del mundo que aplican el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y entre los cuáles dicha alícuota se encuentra en los niveles más elevados por lo cual el monto de lo recaudado por el mismo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el segundo rubro más importante, sólo superado por el de la Seguridad Social.

El IVA, que en el pasado marzo registró una recaudación de 29.836 millones de pesos, significó el 21,66% del total general de 137.762 millones, superada por la correspondiente a la referida Seguridad Social, con 36.998 millones y el 27,89% y delante de Ganancias, que ocupó el tercer lugar con 24.454 millones y el 17,75%.

Dicho gravamen, según estudios elaborados por Alfredo Iñíguez, académico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Plan Fénix, representa un 14,9% de las erogaciones totales de una persona que forma parte del decil de menores ingresos de la sociedad, mientras que se reduce al 10% para los que integran el decil de mayores ingresos.

En esa dirección es que el Poder Ejecutivo Nacional se apresta a eliminar de una serie de productos de la canasta básica de consumo dicho tributo para personas que reciben subsidios como la Asignación Universal por Hijos (AUH) o que se encuentran percibiendo los valores mínimos como jubilados o pensionados, según lo confirmó el diputado nacional Eduardo Pablo Amadeo, de la coalición Cambiemos, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja.

Amadeo explicó que la iniciativa se apoya en la propuesta de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de avanzar hacia un IVA personalizado que permita la devolución de lo cobrado en exceso lo cual, para su facilitación, conlleva la universalización de las tarjetas de débito, como la ahora promocionada Tarjeta Social, y una tendencia a la eliminación del papel moneda, lo cual implica un beneficio para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En la Argentina, el IVA comenzó a ser estudiado en 1967 por el economista democristiano Carlos Leyba como alternativa para dejar atrás el déficit fiscal que finalmente se convirtió en ley en 1973, cuando el ministro de Economía José Ber Gelbard. .

Aunque aprobada entonces, recién el IVA, con una alícuota del 13%, comenzó a aplicarse a partir del primero de enero de 1975 siendo ministro Alfredo Gómez Morales, aunque exceptuaba a medicamentos, alimentos básicos, bebidas no alcohólicas, y se la aumentaba al 21% para los bienes suntuarios.

Durante el proceso cívico-militar el ministro José Alfredo Martínez de Hoz la incrementó por un tiempo al 15% para luego bajarla otra vez al 13, hasta que otro ministro, Domingo Felipe Cavallo, la llevó al 18% en 1992 para fijarse definitivamente en 1995 en el 21%, aunque con una quita de la mitad para los panificados, las frutas, las verduras, los libros, la educación privada y otros.

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