
El programa de “precios transparentes” debutó ayer con polémica: mientras que el Gobierno defiende la iniciativa y estima que va a hacer bajar el valor de contado de los bienes durables, organizaciones de consumidores dudan de su efectividad y denuncian que financiar un producto, por ejemplo a través del Ahora 12, hace que el cliente pague más caras las cuotas que cuando lo hacía la semana pasada.
La iniciativa propiciada por la Secretaría de Comercio busca que los negocios y las tiendas online cambien la forma en que presentan los precios de cada artículo: deben diferenciar el valor contado (un pago, débito o efectivo) del financiado en cuotas. Y el objetivo de máxima es que bajen los precios en un solo pago y, por la competencia, también se reduzcan las tasas que se cobran para financiar las operaciones.
Pero la realidad indica que ayer pocos productos bajaron su precio y si lo hicieron, fue en porcentajes ínfimos. En el Gobierno aducen que siempre hubo pago con interés, incluso en el Ahora 12, pero que estaban “encubiertos” en el valor contado que estaba “inflado”. Con todo, mucha gente percibía que no pagaba intereses -cuotas a un mismo valor de ese total sobreestimado- y por el contrario, ahora observa que esas mismas cuotas son más caras.
“En un país con una inflación del 750% en la última década era irreal que no hubiera interés en los pagos. Lo que pasaba es que el valor contado estaba inflado, por ejemplo, valía 1000 y sobre ese total se dividían las 12 cuotas cuando en realidad el producto en un solo pago debía valer 800”, explicó a DIARIO POPULAR Fernando Blanco Muiño, director de Defensa del Consumidor de la Nación.
Tanto el Ahora 12 como el Ahora 18 desde ahora se abonarán con una tasa del 27,88 -la más baja del mercado- y según el gobierno, la mayor competencia entre bancos y tarjetas de crédito deberían bajar los costos de financiación.
El funcionario admitió que durante la jornada se percibió en redes sociales el malhumor de la gente. “Hay un cambio en marcha frente a la costumbre que tenía mucha gente y también hay malas prácticas comerciales”, sostuvo ante las denuncias que muchos locales no estaban decididos a bajar los valores por pago contado.
Lo cierto es que el Gobierno comenzó ayer a inspeccionar comercios para constatar el cumplimiento de la resolución -no se penalizarán en principio los aumentos de precios-, pero con una cantidad exigua de inspectores. “Salimos a inspeccionar con actas comunes con las que utilizan en las provincias para evitar eventuales impugnaciones. Pero obvio, no alcanzan (los agentes) ya que en el país hay más de 200 mil puntos de venta”, indicó.
Empero, las quejas ayer se hicieron sentir: muchos consumidores no advirtieron sustanciales rebajas en el pago contado y sí que venían con recargo las cuotas ofrecidas para financiarse.
Osvaldo Bassano, titular de la asociación ADUCC, sostuvo que el rechazo al programa ya se hacía sentir en la calle. “Es un escándalo. El Ahora 12 es con intereses y le hacen a la gente creer que es igual y en realidad es más caro. Ante esta circunstancia es un ataque al bolsillo del consumidor”, fustigó.
En este sentido, el dirigente remarcó que “el problema es que mucha información tampoco sirve, que presenten esa diferenciación con cartelitos resulta inocuo para el consumidor” y alertó que la medida va a beneficiar a los grandes hipermercados y formadores de precios.
Por último, Bassano rechazó la argumentación del oficialismo en defensa del programa. “Antes generalmente el comerciante que vendía con planes en cuotas ofrecía descuentos si se pagaba contado. Agregar intereses al Ahora 12 es perjudicar al cliente y a lo sumo ahora de contado los precios van a bajar un 3%”, pronosticó.
Por su parte, el ex diputado y titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, avaló en principio el programa y coincidió con la Secretaría de Comercio en que antes “los precios de contado estaban inflados y se pagaban intereses encubiertos. En un país con inflación alta era mentira que se vendían productos en cuotas sin interés”. Sin embargo, advirtió que “no vivimos en Noruega” y las avivadas de comerciantes y formadores de precios harán difícil su implementación.
“La efectividad de la medida va a depender del comportamiento de los grandes grupos, la actitud de los bancos de no aumentar las comisiones, de la voluntad política del Gobierno (de controlar) y de los propios consumidores que no compren en negocios que no tengan los valores diferenciados o en aquellos que hayan subido las cuotas”, enfatizó el también abogado.
Para Polino “no tendrían que aumentar las cuotas: en todo caso sería una avivada de los comerciantes que también deberían bajar el pago contado. Es difícil, no vivimos en Noruega harían falta esas cuatro condiciones que enumeré anteriormente” para que funcione el citado programa.
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti, remarcó ayer que “la madre del problema” en la venta de productos financiados es la tasa que los bancos le cobran a los comercios.
Consideró que la tasa que los bancos cobran a los comercios es “una vieja discusión que nunca ha tenido una resolución porque los grandes operadores comerciales tienen una tasa diferencial con los bancos en el pago en cuotas”, dijo Busetti. Agregó que “el comercio pequeño necesita que la compensación -la tasa- sea muy baja, sino tiene que aplicárselo al usuario”.
“Esto es lo que no se ha querido discutir, porque es discutir con los bancos”, insistió el dirigente de consumidores, para aclarar que evitaron este tema “este gobierno y el anterior”.
El cofundador de Cambiemos Ernesto Sanz apuntó ayer contra “los especuladores y la gente de mala fe” en el sector empresario de la alimentación y reclamó que “contra ellos tiene que caer todo el peso del Estado”. A pesar de que subrayó que “globalmente el combate a la inflación está dando resultas concretos”, el ex presidente del Comité Nacional de la UCR se refirió al tema del precio de los alimentos y señaló que “además del esfuerzo del Gobierno y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debería haber un tercer componente que es la responsabilidad, la sensibilidad y el compromiso de los sectores formadores de precios en alimentación”.
“Acá hay algo que está fallando. El Gobierno tiene que usar todo lo que la legislación le pone a su alcance, porque hay especuladores, hay gente de mala fe, hay tipos formadores de precios que no entendieron cuál es el momento que está viviendo la Argentina. Contra ellos tiene que caer todo el peso del Estado”. Remarcó que “el Gobierno está en un combate frontal, cuerpo a cuerpo con la inflación”.
La economista Marina Dal Poggetto afirmó ayer que la inflación de enero se ubicó entre el 1,8% y 1,9% y estimó que la de febrero podría llegar a estar por encima debido al aumento de las tarifas eléctricas. La economista del estudio Bein & Asociados dijo que si bien la consultora ya tenía previsto un cómputo de aumento de tarifas de electricidad desdoblado porque el gobierno lo había anticipado, lo anunciado el martes fue “bastante más alto” de lo proyectado.
Dal Poggetto dijo que la suba anunciada para la electricidad tendrá un impacto en la inflación de febrero de entre 0,5 y 0,8 punto porcentual, por lo que el cálculo general será más elevado que el de enero. La economista señaló en declaraciones a Radio El Mundo que la consultora para la que trabaja cerró este miércoles el cálculo de inflación de enero, pero ya anticipó que el indicador se ubicará entre “1,8 y 1,9 por ciento”, más alta que en diciembre. El indicador de enero será sensiblemente más bajo que el del mismo mes del año pasado dado que entonces hubo un fuerte salto de precios debido al impacto de la devaluación por la salida del cepo.