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La Justicia ordenó al ministro de Economía Luis Caputo entregar en cinco días el expediente completo del DNU 179/2025.
La Justicia puso en jaque al Ministerio de Economía y obligó a abrir las puertas de uno de los expedientes más sensibles. El Juzgado Federal de Dolores condenó a Luis Caputo a entregar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, toda la documentación vinculada al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025.
La sentencia responde a una acción de amparo presentada por el abogado Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS.
Ambos organismos habían denunciado la negativa oficial a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que garantiza el derecho ciudadano a conocer los detalles de decisiones de alto impacto económico.
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Según el fallo, el Ministerio de Economía intentó “eludir la entrega” del expediente mediante maniobras administrativas. Primero aceptó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga para responder. Sin embargo, después desconoció la aplicación de la ley y derivó el trámite a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
El juez fue tajante: el Estado debe priorizar la ley sancionada democráticamente por encima de reglamentaciones dictadas por gobiernos de facto. Y recordó, citando jurisprudencia de la Corte Suprema, que “la información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”.
Derecho humano fundamental
El fallo remarcó que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, que no exige acreditar un interés especial para su ejercicio. También destacó que el decreto en cuestión no explicita ni las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia.
“El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo el magistrado, al subrayar que el ocultamiento de datos sensibles en materia de endeudamiento externo afecta directamente a la ciudadanía y al control democrático.
El ministerio de Economía debe entregar todo el expediente
Con la resolución, el Ministerio de Economía deberá entregar la totalidad del expediente, incluidos los anexos y documentos técnicos, lo que podría revelar las condiciones pactadas con el organismo internacional. El fallo se convierte así en un precedente central para futuras discusiones sobre el acceso a la información y el control ciudadano en torno a decisiones económicas de gran magnitud.
En un contexto de fuerte ajuste fiscal y negociaciones constantes con el FMI, la decisión judicial también marca un límite a la opacidad en la gestión del endeudamiento público. Para los organismos que impulsaron el amparo, se trata de una victoria que refuerza la noción de que la transparencia no es una opción política, sino una obligación legal y democrática.
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