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El gobierno entregará certificados de vivienda familiar a habitantes de unas 4.100 villas de emergencia en el país. Estos permitirán acceder a distintos servicios y trámites, como los relacionados a los servicios públicos.
Con el apoyo de movimientos sociales y la Iglesia, el gobierno nacional puso en marcha ayer el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios.
La medida -puesta en marcha mediante el decreto 358, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley- fue celebrada por organizaciones sociales y por Cáritas, que la consideraron positiva.
“Es una medida histórica, que no se había hecho nunca en el país. Por primera vez pudimos relevar 4.100 barrios y asentamientos en todo el país y podremos entregarles a esas familias un certificado de vivienda y de domicilio que les permitirá acceder a distintos servicios”, destacó ayer Stanley a la radio Cadena 3.
En este sentido, remarcó el trabajo y la “vocación de diálogo” de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) con quienes “e pudo acordar la emergencia social, avanzar en su reglamentación y en proyectos productivos”.
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Por medio del decreto publicado ayer, el Gobierno dispuso la creación del mecanismo cuya función principal será la de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.
La medida beneficiará a 500.000 hogares que se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas, según datos del Censo Nacional de Población de 2010, el último realizado en el país.
El registro se pone en marcha tras el relevamiento nacional de barrios populares que realizó la jefatura de Gabinete junto a las organizaciones sociales y Cáritas, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, que determinó la existencia de 4.100 barrios populares -villas, asentamientos y urbanizaciones informales-, con déficit en el acceso a los servicios básicos y una situación de dominio irregular en la tenencia del suelo.
Las tres organizaciones sociales y la ONG Techo remarcaron que con esta decisión el gobierno “avanza en el reconocimiento de los asentamientos del país”.
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