Se trata de pacientes sin recursos,que están en el programa Incluir Salud, que se atendían a través del sector privado. Es porque debido a una deuda del gobierno de 250 millones de pesos, 200 centros de salud dejarán de prestar servicio.

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) advirtió que más de 1.500 pacientes contemplados en el programa federal Incluir Salud (ex ProFe) se quedarán sin ese servicio desde el sábado “debido a la falta de respuestas ante reiterados reclamos de pago”.

La medida afecta a personas carenciadas de todo el país por una deuda de más de 250 millones de pesos que el gobierno nacional mantiene desde hace más de un año con unos 200 centros privados que se ocupan de esa prestación, que los pacientes utilizan en general tres veces por semana y, según alertaron, si no reciben el tratamiento, “pueden perder sus vidas en cuestión de semanas”.

“En sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal y al responsable del Programa Federal, Pablo Atchabahian, los directivos de CADRA piden una solución inmediata para evitar consecuencias no deseadas”, señaló la Confederación mediante un comunicado.

El titular de esa entidad, Darío Zapata, aseguró que “el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, a la insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.

Incluir Salud, que pasó a depender este año de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un Sistema de Aseguramiento Públicdo de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos.

En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los pacientes carenciados a centros privados y les paga por los servicios, es decir las sesiones más el traslado. Sin embargo, en la práctica, denunciaron que “el gobierno nacional no paga desde abril del año pasado”.

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En diálogo con Radio Real Politik, Zapata se refirió a la gravedad del tema al sentenciar: “El tratamiento hace que el paciente se mantenga con vida. Dejás de dializarlo y en cuestión de semanas pierde su vida. Es una enfermedad extremadamente grave que pone en juego la vida del paciente”.

Al explicar en qué consiste el tratamiento, detalló: “Son tres veces por semana, sesiones de cuatro horas. La dosis estandarizada es 12 horas por semana”. “El inicio cuesta mucho, pero también el mantenimiento. Hay costos fijos extremadamente altos, con insumos importados. Si tuviéramos un ajuste valor dólar, podríamos. Pero si aumentó el 51% y nos proponen el 20%, con el atraso del año anterior, estamos en una situación de precarización tremenda”, fustigó.

En tal sentido, Zapata agregó: “Lo venimos tratando de resolver con distintos canales de negociación, porque en lugar donde otras empresas de salud no llegan, nosotros estamos ahí. Pero los valores que percibimos, el no reconocimiento de deuda, hace que sea inviable”.

“Son pequeñas PyMEs que se sostienen precariamente o no tienen sostén económico. Por eso mandamos una carta documento informando a Incluir Salud que no vamos a recibir más pacientes. Sin salud no hay otra alternativa, se acaba todo lo demás. Quienes dirigen el programa deberían tener en cuenta que si hay ajuste, la salud debería ser lo último”, resaltó el titular de CADRA.

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