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A las suspensiones y posteriores despidos masivos, los trabajadores de la planta que la autopartista tiene en General Pacheco respondieron con jornadas de protesta y movilización que hicieron visible el conflicto y lograron, así, algunas reincorporaciones. Pero la situación se agravó cuando una maniobra gremial revocó a cinco delegados contrarios al SMATA. La Justicia falló a favor de los revocados, pero la empresa no se da por enterada
La suspensión de 330 obreros, a fines de mayo, encendió el primer alerta entre los trabajadores de LEAR.
La empresa es una autopartista que posee una planta en General Pacheco, Tigre, en la que trabajaban (hasta ese momento) 650 personas. De esas primeras suspensiones, fueron despedidos 200 y el resto volvió a sus puestos de trabajo.
LEAR justificó los despidos alegando una crisis económica, algo que los propios trabajadores desmintieron debido a la producción que reflejó la planta por esos meses. Incluso, este argumento fue desestimado por el Ministerio de Trabajo de la Nación porque "la empresa no acreditó" tal situación de crisis.
En protesta, y con el apoyo de partidos de Izquierda, como el PTS y PO, los trabajadores iniciaron una serie de acciones en la puerta de la planta que luego fueron extendiendo a arterias fundamentales de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, como la autopista Panamericana y la General Paz.
Esas primeras acciones fueron las que visibilizaron el conflicto, a pesar de los intentos mediáticos por reducirlo a un piquete que perjudicaba el tránsito.
La contraofensiva de la empresa fue una maniobra gremial, de la mano del sindicato "oficial" de autopartistas, el SMATA: en una asamblea que no tuvo convocatoria previa (y que más tarde la Justicia declararía nula) donde, según detallaron los trabajadores, se los "obligó" a votar a favor de la revocatoria de sus propios delegados (opositores al SMATA, claro).
Ese recurso motivó que el titular del sindicato, Ricardo Pignanelli, recibiera una denuncia penal en su contra por "coacción" y, mediante un amparo judicial, los trabajadores lograron que la Justicia intime a la empresa a que reincorpore en sus cargos gremiales a los cinco delegados revocados.
Pero la satisfacción por estos logros fue opacada al día hábil siguiente, cuando, al presentarse en la puerta de la planta, a los delegados les prohibieron la entrada, incumpliendo la resolución judicial.
Desde entonces, los trabajadores (los despedidos y también los reincorporados) recrudecieron las medidas de fuerza y, además de la carpa que instalaron frente a la fábrica, realizan todos los días distintas acciones. La represión que impartió en más de una ocasión la Gendarmería y la Policía Bonaerense hizo que a los cortes en la Panamericana, agregaran las originales "caravanas móviles", unas marchas a pie, acompañadas por personas que apoyan su lucha, pero que se movilizan en autos. Además, tanto trabajadores de LEAR como militantes de partidos de Izquierda hicieron apariciones en programas de televisión, como 6,7,8 y Periodismo Para Todos.
La situación actual
A la negativa de la empresa a cumplir con el amparo judicial que la intimó a reincorporar en sus cargos a los delegados, se suma la preocupante situación de 100 trabajadores que siguen luchando por recuperar sus puestos de trabajo. "Son gente que tiene más de 25 años en fábrica y que tiene pocas posibilidades de reinsertarse en el sistema laboral", explica a DiarioPopular.com.ar Edgardo Moyano, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPROH) y representante legal de la comisión interna de los trabajadores de LEAR.
Es que, de los 190 despidos efectivos, 90 trabajadores llegaron a un arreglo económico con la empresa. Pero el resto pelea por su reincorporación.
En cuanto a la situación de los delegados, la doctora Stella Maris Vulcano ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación que designe funcionarios para que efectivicen la orden de reincorporarlos, si es necesario, con el uso de la fuerza pública. Hasta este lunes, esa orden no se había cumplido, pero el Ministerio difundió un comunicado oficial en que afirma que "acatando de inmediato el fallo, este Ministerio, en el día de la fecha, procedió a designar los funcionarios competentes y solicitó el libramiento del mandamiento correspondiente, donde deberá consignarse expresamente el auxilio de la fuerza pública para el resguardo de la integridad física de los funcionarios y trabajadores".
Sin embargo, en el detalle del comunicado, la cartera nacional manifestó que "a la fecha, como resultado de las gestiones realizadas, hay 61 trabajadores reincorporados y 123 han decidido retirarse". Lo que omitió el Ministerio es la situación de los 100 que aún esperan ser reincorporados. Un dato que, rápidamente, denunció uno de los delegados en lucha, Rubén Matu. "El Ministerio no dice una palabra del motivo de este conflicto: que quedan aún decenas de familias en la calle despedidas ilegalmente por la empresa", alertó y expresó que "estas familias están peleando aún por sus puestos de trabajo y no vamos a permitir que pierdan el empleo gracias al cual pueden alimentar a sus hijos".
A la espera de que el Gobierno nacional efectivice su voluntad de cumplir la orden judicial, la carpa, los trabajadores y sus familias seguirán luchando por un derecho fundamental: el trabajo.