El defensor de la Tercera Edad porteña manifiesta que la iniciativa “contradice las convenciones” firmadas por el país al considerar que “hay una merma en los derechos”. Actualización de haberes.

El titular del área de Tercera Edad de la Defensoría porteña, Eugenio Semino, sostuvo que el proyecto de ley que modifica el índice de actualización de los haberes jubilatorios “es inconstitucional porque contradice las convenciones (firmadas por Argentina)” en defensa de losderechos humanos, civiles, políticos y sociales”, dado que en la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado “hay una merma en los derechos”.

En declaraciones a este diario, Semino explicó que el proyecto “es manifiestamente inconstitucional porque contradice las convenciones (firmadas por el país) en cuanto (en la iniciativa) hay una merma en los derechos al tener una quita en sus haberes”, dado que con el índice actual, en marzo próximo, las jubilaciones subirían “alrededor del 14%” -según las últimas estimaciones- y de aplicarse el índice propuesto en el proyecto de ley ese porcentaje sería “5,7”.

Detalló que “en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional se incorporan los tratados de derechos humanos, civiles, políticos y sociales, por lo que se reconoce el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo del Salvador”. También recordó que este año Argentina “ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.

En este sentido manifestó que desde la Defensoría “se va a plantear la inconstitucionalidad aunque aún no sabemos en qué términos porque hay que ver si se realizan cambios” al proyecto de ley.

De igual forma consideró que “cualquier cambio que se haga es un maquillaje porque la decisión es llevarse la plata”. Señaló que “con la fórmula vigente” la actualización de las jubilaciones, en marzo de 2018, “es alrededor del 14%, antes se estimaba en un 12%, pero con los últimos datos son un par de puntos más”; mientras que el nuevo índice “se mantiene en 5,7%”.

“Hay bastante diferencia”, remarcó.

Respecto a otro artículo del proyecto de ley que establece una garantía adicional para los haberes de jubilación equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para quienes hubieran cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos, Semino consideró que ese punto “es irrespetuoso con las personas adultas mayores”, dado que “el reclamo histórico del 82% es sobre el salario del trabajador activo” en su mismo cargo, oficio o función.

Y señaló que dado que no ingresan quienes se jubilaron por moratoria se “va a generar juicios porque una persona que tenía veintipico años de aportes, compró lo que le faltaba, el Estado le permitió regular su situación comprando esos años”.

Acerca del otro punto planteado en el proyecto de ley, que permite que los y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado opten por jubilarse a los 70 años, Semino sostuvo que “es falaz porque no hay una libre opción para decidir si uno quiere o no seguir trabajando, sino que hay que seguir trabajando para seguir comiendo”.

En tanto, el área de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña informó recientemente que la Canasta Básica de los Jubilados aumentó a 17.523 pesos en el período de mayo a noviembre de este año, siendo 1.389 pesos más que en el semestre anterior. El informe se realiza semestralmente desde hace siete años.

El detalle de los gastos de este período es el siguiente: alimentos, $ 3.728; medicamentos con descuento, $ 3.894; vivienda, $ 4.677; higiene y limpieza, $ 1.819; tasas y servicios, $ 838; vestimenta, $ 1.100; transporte, $ 750; recreación, $ 715.

Ante este panorama, desde el área de Tercera Edad de la Defensoría de la Ciudad, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina y distintas organizaciones reclaman que las jubilaciones mínimas “sean acordes” a la Canasta Básica del Jubilado.

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