Juan Manuel Pettigiani, fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, consideró este miércoles que durante el proceso no pudo probarse "la existencia de un grupo organizado con un accionar planificado", y pidió penas de entre 10 meses y tres años de prisión. En total son ocho los jóvenes acusados de integrar una patota neonazi que protagonizó una serie de ataques y amenazas en la localidad balnearia.

El fiscal del juicio contra ocho jóvenes acusados de integrar una patota neonazi que protagonizó una serie de ataques y amenazas en Mar del Plata consideró este miércoles que durante el proceso no pudo probarse “la existencia de un grupo organizado con un accionar planificado”, y pidió penas de entre 10 meses y tres años de prisión para cinco de ellos.

Juan Manuel Pettigiani, fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal marplatense, presentó en una nueva audiencia su alegato, en el que no acompañó el pedido de las querellas, que habían solicitado penas de hasta 15 años de prisión por considerar que se trataba de una asociación ilícita “destinada a imponer sus ideas por la fuerza”.

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En su presentación ante los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Bernardo Bibel, Pettigiani dijo que sólo pudieron probarse siete de los 12 hechos imputados: cinco casos de amenazas y dos de lesiones ocurridos entre octubre de 2013 y febrero de 2016, en los que las víctimas fueron personas de la comunidad trans, defensores de la igualdad de género y militantes políticos y sociales.

En ese sentido, solicitó que se le impongan penas de prisión a cinco de los imputados: 10 meses para Alan Olea (29) y Franco Pozas (28) por el delito de amenazas, un año y seis meses de prisión para Oleksandr Levchenko (23) por amenazas y lesiones leves, tres años para Nicolás Caputo (30) por amenazas y lesiones graves, y dos años y medio a Gonzalo Paniagua (26) por lesiones graves.

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El fiscal pidió además que Marcos Caputo (19), quien era menor al momento de las lesiones que se le imputan, sea sometido en caso de ser hallado penalmente responsable por ese delito a un tratamiento tutelar por un año, “consistente en cursar como oyente la asignatura Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías” en la facultad de Derecho local. Asimismo, solicitó la absolución de los hermanos Giuliano (21) y Giordano Spagnolo (23), porque consideró que “ninguno de los delitos imputados fueron cometidos” por ellos.

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