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Lo determinó el gobierno bonaerense, al dictar la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Los despidos afectan a empleados de las plantas ubicadas en Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. El próximo jueves habrá una nueva audiencia.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por los despidos registrados en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida alcanza a 1.200 trabajadores y establece su reincorporación mientras continúen las negociaciones entre las empresas y los representantes gremiales.
La resolución fue adoptada luego de una audiencia encabezada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, de la que participaron representantes de las compañías y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA). De acuerdo con lo informado por la cartera laboral, los despidos afectan a 700 empleados de la planta ubicada en Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y otros 450 de Esteban Echeverría.
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La conciliación obligatoria tendrá una vigencia inicial de 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderse por otros cinco. Durante ese período, las empresas deberán reincorporar al personal despedido, mientras que ambas partes deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan profundizar el conflicto.
El objetivo de la intervención del Ejecutivo bonaerense es generar una instancia de diálogo que permita preservar las fuentes de trabajo. En ese marco, se convocó a una nueva audiencia para el jueves 10 de septiembre, cuando volverán a reunirse funcionarios, representantes empresariales y dirigentes sindicales.
Durante el encuentro también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá concretarse durante la próxima semana.
La crisis de Granja Tres Arroyos
El conflicto laboral se desarrolla en medio de la delicada situación financiera de Granja Tres Arroyos. La compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por U$S350,9 millones, que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago de siete años, el ingreso de nuevos inversores y la venta de activos.
A eso se suma la intervención de la Justicia, que ordenó embargos sobre propiedades vinculadas con Joaquín y Elba De Grazia, accionistas del grupo, y dispuso una inhibición general de bienes contra Avex y otras cinco personas. La empresa avícola también enfrenta cuatro pedidos de quiebra y ejecuciones promovidas por sus acreedores.
La crisis ya había derivado en cierres, suspensiones y una reducción de las operaciones en varias unidades productivas. La planta de Capitán Sarmiento permanece paralizada desde el 31 de agosto, mientras que también se registraron conflictos en establecimientos de Tristán Suárez, Pilar, Río Cuarto y Concepción del Uruguay.
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