A días de terminar la segunda década del siglo, ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex reveló y denunció que, en 70 estados, todavía se criminalizan los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo. Así lo hizo público la organización tras lanzar una actualización de su último informe Homofobia de Estado, publicado en marzo de este año.
“A diciembre de 2019, 70 estados continúan criminalizando la actividad sexual consensual entre personas del mismo sexo", señaló el argentino Lucas Ramón Mendos, Oficial Superior de Investigación a nivel mundial de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.
“Este es un momento en el que ser complacientes con nuestros logros es uno de los peores errores que podemos cometer. Las tendencias polarizadoras que están teniendo lugar a escala mundial significan que, si bien cada vez más de nosotres vemos nuestros derechos legalmente reconocidos, más personas LGBTI también corren un mayor peligro de ser discriminadas, atacadas, perseguidas e incluso asesinadas. A medida que nos hacemos más fuertes, la oposición que siempre hemos encontrado está ahora reforzada y revitalizada con una nueva ola de resistencia de viejos y nuevos detractores. Nuestros logros están siendo atacados y presentados maliciosamente por actores anti-derechos, de derechas y conservadores como golpes amenazantes para la sociedad y como una desgracia para la humanidad como tal”, dijeron Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, activistas y Co-Secretarias Generales de ILGA.
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Según informó la organización a través de un comunicado oficial, desde que ILGA lanzó la 13a edición de su informe Homofobia de Estado en marzo “llegaron noticias inquietantes de Brunei, donde la muerte por lapidación para todas las relaciones sexuales consensuales fuera del matrimonio ahora es ley”. Además, “se introdujeron o consideraron más proyectos de ley criminalizantes en Egipto, Guinea Ecuatorial e Indonesia, mientras que les funcionaries en Uganda amenazaron con reintroducir un proyecto de ley draconiano que ya había sido retirado en 2014”.
Actualmente, en un dato que está reflejado en el documento, hay 6 Estados miembros de las Naciones Unidas que imponen la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, y otros 6 donde tal castigo es técnicamente posible. Estas cifras son alarmantes.
Pero entre tanta persecución y muerte, también se reflejaron nuevas buenas noticias en esta actualización. Y es que Angola, Cuba, Kosovo, Macedonia del Norte, Portugal y San Marino se encuentran entre los lugares que han promulgado disposiciones legales para proteger a las personas de la discriminación basada en la orientación sexual en 2019. Este año, además, el matrimonio igualitario también se hizo realidad en Austria, Ecuador y varios estados de México, así como en Taiwán, el primero en Asia en adoptarlo. Aprobado en octubre, también será legal en Irlanda del Norte en enero de 2020.
"Hay una revitalización muy notable de las campañas para rechazar nuestras victorias luchadas y ganadas por la igualdad en los derechos humanos con los estados y sus jurisdicciones legales. Y debemos redoblar esfuerzos para asegurarnos de continuar destacando y llevando a la tarea esos regímenes que continúan esta opresión basada en la orientación sexual", dijeron Aranda y Brown.
Según refleja esta nueva actualización de Homofobia de Estado, basados aún en la gestión de Mauricio Macri, a nivel de lucha y protección contra la discriminación por orientación sexual la Constitución Nacional no contiene una prohibición explícita de esta. Sin embargo, si está contemplada en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin jerarquía judicial ni legislativa a nivel nacional, por supuesto.
Siguiendo con esta línea, a nivel federal no existe ninguna ley que incluya a la orientación sexual como discriminación y que luche contra esta. Sin embargo, las provincias de Chaco (2006); Córdoba (2007); Río Negro (2008); San Juan (2007); Santiago del Estero (2008) y las ciudades de Buenos Aires (1996, 2015) y Rosario (1996) han promulgado normas locales que otorgan diferentes niveles de protección.
Por otro lado, no existe una ley que prohíba la discriminación sobre la base de la orientación sexual en los ámbitos laborables. Sólo están vigentes los artículos 34, 35, 37 y 121 del Decreto No.214 del 2006, la cual solo es aplicable dentro de lo que es la administración nacional, algo claramente limitado.
En cuanto a la lucha contra los crímenes de odio y LGBTodiantes en el plano nacional se puede encontrar el artículo 80(4) del Código Penal, que establece como agravante del homicidio la motivación por el odio hacia la orientación sexual de la víctima. El artículo 90 agrava el delito de lesiones bajo idénticas agravantes.
Sin embargo, esto no existe en cuanto a la incitación al odio refiere, ya que el artículo 212 del Código Penal prevé el delito de incitación a la violencia sin hacer referencia explícita a la orientación sexual.
"En los últimos años hubo un estancamiento y, en algunos casos, una regresión importante en lo que confiere a políticas públicas enfocadas en la diversidad sexual y de género e implementación de normas", manifestó Lucas Ramón Mendos, Oficial Superior de Investigación a nivel mundial de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), en diálogo con Desgrabados en mayo pasado.
"Existe un escenario donde hay dificultades que antes no se veían, y eso implica que no se han destinado recursos y no se han implementado seriamente políticas que requiere atención urgente, sobre todo a lo que hace que las personas trans puedan seguir de ese círculo de exclusión total, principalmente en materia de derechos económicos y sociales, además del crecimiento de discursos antitrans", sostuvo además.
Por otro lado, Martín Canevaro, Secretario General y activista de 100% Diversidad y Derechos, habló con POPULAR en septiembre de este año y analizó el panorama en materia de políticas públicas relacionadas a la diversidad sexual y de género en Argentina. "El gobierno de Mauricio Macri recortó el presupuesto de este año, por lo que se redujeron los recursos necesarios para la ejecución de las mismas, algo que habíamos conquistado con años de lucha. De esta manera se afectó gravemente nuestro derecho a la salud, al trabajo, a la no discriminación y a la inclusión social, entre otros", dijo.
Quien también se refirió al tema, hace pocos días, fue César Cigliutti, titular de la Comunidad Homosexual Argentina, que sostuvo, en diálogo con POPULAR, que "lamentablemente, estos últimos cuatro años terminan con un 2019 plagado de situaciones horribles para quienes formamos parte de la comunidad homosexual", precisando que "se retrocedió muchísimo socialmente, a partir de una mirada gubernamental repleta de prejuicios y sin políticas públicas, aunque se debe rescatar todo el trabajo de las personas de la sociedad civil, que resistieron con muchísima valentía, poniendo el cuerpo en marchas y con ideas ante estos tiempos de restauración del odio hacia la diversidad".
Hace pocos dias se dio un cambio de gobierno a nivel nacional, con la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al frente del Poder Ejecutivo. Será cuestión de tiempo para ver que medidas se tomarán en el corto y mediano plazo y que avances se dan en materia de derechos del colectivo LGBTI+ para revertir el más adverso panorama en materia de políticas públicas que deja la gestión de Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos.
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