Inédito fallo ordena a un sanatorio tener un plan para prevenir la violencia obstetricia

Fuentes del Poder Judicial informaron este que se trata de una resolución de la jueza de Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación de Salta, Noemí Valdez, en una causa iniciada por una mujer que denunció a un sanatorio salteño y a un médico, por violencia obstétrica y de género.

Según consta en el fallo, la víctima concurrió al sanatorio, identificado por sus siglas “HP”, situado en la ciudad de Salta, el 26 de septiembre de 2016 a un control ginecológico y allí el médico le realizó un tacto que le provocó el desprendimiento de la membrana, tras lo que la mandó a su domicilio, donde rompió bolsa.

Por ello, regreso al centro privado, donde aseguró no haber recibido el trato adecuado durante el parto.

En su resolución, la jueza ordenó a los directivos del centro médico y al profesional cuestionado presentar “un programa de planeamiento y abordaje para la prevención de casos de violencia de género y específicamente de violencia obstétrica”.

Además, solicitó que, en caso de que ya hubiera un plan de este tipo, se lo presente con “un informe detallado de su efectiva aplicación”.

El sanatorio deberá también “capacitar a todo su personal para el efectivo y concreto cumplimiento de la Ley 7888 en todo su articulado, requiriendo al Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta orientación en la temática para mejor y mayor ilustración”.

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Además, la magistrada emplazó al Ministerio de Salud Pública de Salta para que, en tres meses, “informe acciones y gestiones que a corto, mediano y largo plazo se implementen en la provincia para el efectivo cumplimiento de las leyes 26485 y 7888”.

“Dicho informe, deberá versar específicamente en la modalidad de prevención de casos de violencia obstétrica, y sobre promoción de acciones claras de abordaje para el personal de la Salud y para la ciudadanía en general”, indicó Valdez.

Asimismo, la jueza exhortó al Ministerio de Salud Pública a capacitar al personal de la Salud en el ámbito “público y privado”, en la materia.

Por otro lado, en su resolución, la jueza instó a los directivos de la obra social de la denunciante “al estricto cumplimiento por parte de sus prestadores de la Ley Provincial 7888, requiriéndose que informe en el plazo de tres meses las estrategias efectuadas”.

A la vez, hizo conocer la resolución a la Dirección Nacional de Obras Sociales y a la Superintendencia de Seguros de la Nación, para que “se coordinen estrategias y medidas efectivas y eficientes para el cumplimiento de la Ley Nacional 26485”.

Finalmente, comunicó lo resuelto a la Superintendencia de Seguros de la Salud, al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Delegación Salta), al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, al Colegio Médico de Salta y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la provincia.

En sus considerandos, la jueza remarcó que “una modalidad de violencia de género establecida por distintas normas a mencionar es la violencia obstétrica, contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley Nacional 26485, de Protección Integral de violencia en contra de las mujeres, y la Ley 25929, de Parto Respetado”, que “amparan y protegen a la mujer en estado de preparto, parto, postparto”.

Luego, la magistrada recordó que en Salta, la Ley 7888, en su artículo tercero, refiere específicamente a “la violencia obstétrica entre otras”.

En el artículo sexto establece que los “funcionarios públicos, agentes, profesionales y técnicos de las áreas de familia, salud y educación que presten servicios en establecimientos públicos o privados y que en relación al ejercicio de sus funciones hayan tomado conocimiento de hechos de violencia de manera directa o indirecta, están obligados a denunciar los mismos ante autoridad competente, quedando liberados del secreto profesional a ese efecto”.