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Con el fallo del juez Rafael Sal Lari, las cinco docentes no irán presas
El juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari otorgó la eximición de prisión para las cinco docentes involucradas en el caso de maltratos en el jardín Tribilín.
Con este fallo, las docentes Yanina Gogonza, Noelia Gallardo, la madre de Gononza Graciela Di Pascuale; y las dos dueñas del establecimiento, Noemí Núñez y Mariana Buchniv, quedaron eximidas de prisión.
Sal Lari tomó la decisión sin tratar lo solicitado por el fiscal Franco Servidio, quien había pedido la detención de Yanina Gogonza y Noelia Gallardo por "abandono agravado de personas".
El polémico magistrado consideró que las imputadas pueden permanecer en libertad durante el proceso, porque "no hay riesgo de fuga ni de que vayan a entorpecer la investigación".
El hecho fue denunciado a principios de mes por algunos padres, luego de que uno de ellos obtuviera una grabación oculta en la que se escuchaba a las maestras maltatando y amenazando a sus hijos.
Tras el escándalo, desde la provincia de Buenos Aires se informó que al lugar se le había quitado la habilitación en 1999, tras lo cual se conoció que desde el municipio de San Isidro se había eximido al establecimiento de pagar el ABL, de lo que se desprende que tenían conocimiento de la existencia del jardín.
Por tal motivo, los padres resolvieron presentar una denuncia contra el jefe comunal Gustavo Posse por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sal Lari tomó la decisión sin tratar lo solicitado por el fiscal Franco Servidio, quien había pedido la detención de Yanina Gogonza y Noelia Gallardo por "abandono agravado de personas".
El polémico magistrado consideró que las imputadas pueden permanecer en libertad durante el proceso, porque "no hay riesgo de fuga ni de que vayan a entorpecer la investigación".
El hecho fue denunciado a principios de mes por algunos padres, luego de que uno de ellos obtuviera una grabación oculta en la que se escuchaba a las maestras maltatando y amenazando a sus hijos.
Tras el escándalo, desde la provincia de Buenos Aires se informó que al lugar se le había quitado la habilitación en 1999, tras lo cual se conoció que desde el municipio de San Isidro se había eximido al establecimiento de pagar el ABL, de lo que se desprende que tenían conocimiento de la existencia del jardín.
Por tal motivo, los padres resolvieron presentar una denuncia contra el jefe comunal Gustavo Posse por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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