Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco votaron en contra, mientras que el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, mantuvo su voto del año pasado y se convirtió en el único juez en votar a favor.

Rosenkrantz utilizó argumentos similares a los esgrimidos en 2017 y aseguró que la ley 27.362, sancionada con el objeto de restringir el alcance de este beneficio para casos de lesa humanidad, es inconstitucional.

Además, recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional “prohíbe en materia penal la aplicación retroactiva de la ley más gravosa”.

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Entre los argumentos tenidos en cuenta por Rosenkrantz está la interpretación de que si bien la reacción social que motivó el dictado de la ley 27.362 expresa el legado del “Nunca más” y el objetivo de no claudicar en la persecución de delitos de lesa humanidad, “no cualquier modo de poner en práctica ese compromiso es respetuoso de nuestra Constitución”.

Para el voto disidente, “la Constitución nos exige extender las garantías que consagra —como el principio de irretroactividad de la ley penal— a todos por igual”.

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