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La solicitud alcanzó al empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48), los ex barrabravas Richard "El Uruguayo" Laluz Fernández (49), Víctor Hugo Ovejero Olmedo (35) y Jorge Moreira (37) y a Carlos Gustavo Luaces (55), ex socio de los hermanos Juliá, condenados en España por tráfico de cocaína.
Un fiscal federal de San Isidro pidió la elevación a juicio de los cinco imputados por el crimen de dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico, cometido en el estacionamiento del centro comercial Unicenter de la localidad bonaerense de Vicente López en 2008.
La solicitud alcanzó al empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48), los ex barrabravas Richard “El Uruguayo” Laluz Fernández (49), Víctor Hugo Ovejero Olmedo (35) y Jorge Moreira (37) y a Carlos Gustavo Luaces (55), ex socio de los hermanos Juliá, condenados en España por tráfico de cocaína.
Según informó la página de la Procuración General de la Nación, el fiscal Fernando Domínguez explicó que los hechos imputados se habrían desarrollado en el marco de un "complejo entramado de crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes”.
El representante del Ministerio Público imputó a los cinco "haber causado la muerte, por encargo oneroso" de los colombianos Jorge Alexander Quinteros Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto" (35).
Domínguez dio por probado que el hecho sucedió el 24 de julio de 2008, alrededor de las 20 en Unicenter, "previa ideación mancomunada de un plan delictivo orientado en tal sentido y propósito, en el cual cada uno de los acusados, de manera coordinada y organizada, tomó parte mediante un aporte imprescindible para su efectiva concreción".
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Según la elevación a juicio requerida a la jueza federal Uno de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, los barrabravas Ovejero Olmedo y Moreyra interceptaron y asesinaron con armas de fuego a las víctimas "en cumplimiento de un plan trazado con antelación".
En tanto, Luaces, López Magallanes y Fernández fueron acusados de haber coordinado los asesinatos.
El fiscal explicó que, por la existencia de un plan común, división de roles y tareas, los imputados deberían responder a título de coautores de "doble homicidio agravado por haberse cometido por precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas".
En el desarrollo del requerimiento se resaltó la actividad de un hombre de nacionalidad colombiana que habría oficiado como entregador de las víctimas por su relación familiar con uno de los líderes del “cartel del Valle del Norte” de Colombia.
El fiscal señaló que esta persona tendría vínculos no sólo con los imputados, a quienes les reprochó los homicidios, sino que además con una gran cantidad de personas ligadas al contrabando de estupefacientes.
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