Detrás del reclamo por falta de pago a los choferes, hay una intervención judicial a la empresa Expreso Lomas S.A., retiro de subsidios por parte del Estado y el alejamiento de los dueños

Los colectivos 112, 165 y 243, pertenecientes a la empresa Expreso Lomas S.A., hace más de una semana que no circulan por las calles y avenidas del Conurbano y Ciudad de Buenos Aires, por una protesta de sus empleados, quienes denuncian falta de pago de sueldos, deterioro y escasez absoluta de insumos básicos para el transporte.

“La empresa no nos paga los sueldos ni las cargas sociales”, detalló el delegado Leandro Fernández en declaraciones a DIARIO POPULAR sobre la medida de fuerza que se inició hace ocho días y “mientras todo siga igual” no tendrá una fecha de conclusión.

A pesar de una intimación de la AFIP a la compañía, la misma continúa sin comunicarse con sus más de 400 empleados.

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“Son ellos los que dilatan las cosas, nosotros queremos trabajar, pero ni siquiera miran la intervención judicial que tienen por parte de la jueza Zulma Vila”, contó Fernández.

Pero detrás del reclamo de los trabajadores existe un trasfondo inconcluso que tiene a los subsidios estatales como protagonistas de la pelea.

Expreso Lomas S.A. es una de las firmas cuya flota es de las de mayor relevancia en el transporte público del AMBA. De acuerdo a los datos abiertos del Ministerio de Transporte de la Nación, el año pasado recibió compensaciones por 122.769.771,15 de pesos.

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Ése fue el último ciclo completo de subsidios, debido a que desde este mes el flujo de dinero estatal no corre más hacia la compañía debido a que no les abonan los salarios a sus choferes y talleristas.

Según lo publicado por Transporte, el último mes registrado fue mayo, con 52.543.251,84 de pesos. Ante la falta de este monto mensual, los empleados, según Fernández, notaron que la escases de gasoil fue en aumento hasta llegar al vaciamiento total, con lo cual, “así no se pueden arrancar los colectivos”.

“Hace dos años que los dueños se alejaron por problemas de administración y hay una intervención judicial”, afirmó el delegado.