Un hombre que está detenido en un penal de Ezeiza reclama a la justicia que le otorgue un régimen de visitas para poder ver dentro del presidio a su hijo, con quien perdió contacto desde hace algunos años.
Se trata de Lautaro Ramos, quien purga una condena a 10 años de cárcel, y, desesperado, reclama a la Justicia de Familia que le permita poder ver aunque sea por unos minutos a su pequeño. La sentencia que pesa sobre el preso ya fue apelada y ahora deberá decidir la Suprema Corte.
La abogada Valeria Carreras, patrocinadora de Ramos, explica que "estar privado de la libertad, ya sea con prisión preventiva o cumpliendo una condena, no es obstáculo para dejar de tener contacto entre padres e hijos. Así se dan regímenes de visitas dentro de los penales, puede llegarse a fijar un régimen de común acuerdo con la madre o el padre según sea el caso o podrá requerirse a Juez de Familia que fije un régimen de visitas de hijos menores a favor del padre o madre privados de su libertad. Dependerá de la edad de los niños para que comprendan el significado 'de tener a papá o mamá en la cárcel'".
En este caso, los encuentros se llevarán a cabo con la presencia de una asistente social o un profesional capacitado para contener al niño y evitar situaciones conflictivas.
"Hay que resaltar que el derecho a tener vínculo real entre padres e hijos es un derecho de ambos. Pues el niño tiene el derecho a crecer con la presencia de sus padres, lo cual está amparado por la Convención de los Derechos del Niño", explica Graciela Pacheco, abogada del chico.
En tanto, Carreras alerta que aún "la Justicia es reticente al otorgamiento de este tipo de contactos cuando una de las partes se opone, pero es fundamental que se priorice la relación padres e hijos, y que sea considerado un derecho del hijo poder ver a sus padres. Porque una persona privada de la libertad sigue siendo persona con todo lo que ello implica".
Es que, por caso, los padres privados de la libertad tienen la obligación de contribuir a la alimentación de sus hijos, pudiendo derivar del monto que les asigna el Estado un porcentaje para cumplir con la cuota alimentaria.
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