Procesaron a Lascurian y al intendente de Río Turbio

En su fallo, el magistrado también dispuso la prisión preventiva del actual intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna; de su antecesor en el municipio, el actual diputado provincial Horacio Matías Mazú; y del ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en esa ciudad Miguel Ángel Larregina, al tiempo que ordenó embargos de hasta 75 millones de pesos.

Lascurain, puntualmente, fue embargado por 60 millones de pesos por presunto “peculado” y se le mantuvo la prohibición de salir del país: había quedado preso el 6 de marzo pasado cuando, en conocimiento de su pedido de detención, se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py, aunque dos días después recuperó la libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos.

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El ex titular de la UIA, como dueño de la empresa Fainser, trabó contrato con el Municipio de Río Turbio para realizar 7 kilómetros de una calle para unir esa localidad con la vecina 28 de Noviembre, una obra estipulada en 500 millones de pesos.

Lascurain cobró por anticipo de obra unos 50 millones de pesos y nunca finalizó la calle, por lo que fue citado a indagatoria: reconoció ante el juez haber recibido ese adelanto y dijo haberlo gastado en contratación de personal y en la puesta en marcha de un futuro comienzo de los trabajos de construcción pero que luego reclamó más dinero para continuar con el proyecto.

Luego de serle negado un incremento del anticipo, explicó, hubo un cambio de autoridades en el municipio y tras ello quedó trunco el contrato: la denuncia original había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, y se trata de un expediente anexo a la causa principal de Río Turbio en la que está preso el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

A la par que otorgó la excarcelación de Lascurain, el juez negó la libertad a Pérez Osuna y Larregina, quienes permanecen detenidos: “Existen elementos objetivos que dan cuenta sobre ciertos riesgos procesales concretos estrictamente vinculados al entorpecimiento de la investigación”, explicó el juez al respecto.

No obstante, el magistrado decidió mantener la excarcelación del ex titular de la UIA, aunque “manteniendo la caución y las obligaciones impuestas” y, respecto, a Mazú ratificó el pedido de desafuero a la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

En su fallo, Rodríguez resaltó que “todos los imputados han reconocido la existencia de los hechos que se les impusieron, pero adujeron diferentes circunstancias en sus defensas” y remarcó que “frente a tales alegaciones, debe resaltarse que el fundamento de la imputación no ha podido ser desvirtuado: ningún vínculo contractual obligaba a YCRT a abonar a Fainser S.A. suma de dinero alguna”.

“La conducta asumida en esa situación análoga por las mismas personas aquí imputadas, demuestra enfáticamente que las afirmaciones que realizaron en sus descargos son meros intentos por mejorar su situación procesal y disimular la presunta ilicitud de lo actuado en relación a los desembolsos cuestionados”, sostuvo el magistrado.