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La intervención fue realizada a una trabajadora sexual y que denunció haber sido violada. La práctica se llevó a cabo en un hospital público bonaerense
Una mujer que ejerce la prostitución y denunció haber sido violada fue sometida hoy a un aborto en un hospital público bonaerense, donde un grupo de médicos había objetado la práctica, mientras el gobierno porteño puso a disposición de la embarazada víctima de trata cinco hospitales para la interrupción de la gestación.
El director provincial de Hospitales, Claudio Ortiz, dijo que “esta mañana se le practicó el aborto no punible a la mujer” y aclaró que “los hospitales garantizan la realización de esa práctica, más allá de que pueda haber objetores de conciencia”.
La intervención se había demorado a raíz de la negativa de un grupo de médicos que apeló a la objeción de conciencia para no realizar el aborto, que se concretó en el Hospital San Martín de La Plata.
El Protocolo de Atención Integral de los Abortos no Punibles, vigente desde el 17 de julio en la provincia, establece que “la objeción de conciencia es siempre individual y no podrá ser institucional”, reportó la dirección de Hospitales en un comunicado.
En ese sentido, afirmó que “cualquier establecimiento al que se recurra para la práctica de un ANP (aborto no punible) deberá en cualquier caso garantizar su realización”. Respecto del caso, manifestó que “se garantizó la realización del aborto no punible a una paciente que denunció haber sido violada y requirió esa práctica en un hospital público de La Plata”.
La solicitud del aborto fue impulsada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), que tiene una sede en La Plata, recordó Ortiz en declaraciones a radio Continental. La mujer entregó la declaración jurada que exige la ley para abortos no punibles y concurrió al servicio de Ginecología del Policlínico San Martín, donde según la denuncia de AMMAR, los profesionales se negaron a atenderla y argumentaron objeción de conciencia porque se trataba de una trabajadora sexual.
El gobierno porteño, por su parte, puso a disposición de la mujer embarazada víctima de trata cinco hospitales del sistema público para la realización del aborto no punible autorizado ayer por la Corte Suprema de Justicia. Fuentes gubernamentales informaron que tras la decisión del tribunal se contactó con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas para comunicar que la interrupción puede realizarse en esos centros de salud, que mantuvo en reserva.
Ayer, la Corte dispuso que se practique el aborto tras la suspensión dictada el martes por la jueza nacional civil, Myriam Rustán de Estrada, apelada por el gobierno porteño y la paciente, de 32 años.
El tribunal sostuvo que “no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada”, que había sido trabada por la presentación judicial de una organización católica contraria al aborto.
A raíz de la medida cautelar que había suspendido la práctica, Rustán de Estrada fue separada de la causa y quedó a cargo el magistrado Miguel Ricardo Guiraldes, quien aceptó las apelaciones presentadas por la mujer y el gobierno porteño.
El fallo de la corte, firmado por seis de sus integrantes, comunicó a las autoridades de la Ciudad que “deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolución judicial que suspendió” la intervención.
El aborto no punible, el primero en la ciudad tras la reglamentación del protocolo para el sistema de salud en la Capital Federal, estaba previsto el martes en el hospital Ramos Mejía.
La solicitud del aborto fue impulsada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), que tiene una sede en La Plata, recordó Ortiz en declaraciones a radio Continental. La mujer entregó la declaración jurada que exige la ley para abortos no punibles y concurrió al servicio de Ginecología del Policlínico San Martín, donde según la denuncia de AMMAR, los profesionales se negaron a atenderla y argumentaron objeción de conciencia porque se trataba de una trabajadora sexual.
El gobierno porteño, por su parte, puso a disposición de la mujer embarazada víctima de trata cinco hospitales del sistema público para la realización del aborto no punible autorizado ayer por la Corte Suprema de Justicia. Fuentes gubernamentales informaron que tras la decisión del tribunal se contactó con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas para comunicar que la interrupción puede realizarse en esos centros de salud, que mantuvo en reserva.
Ayer, la Corte dispuso que se practique el aborto tras la suspensión dictada el martes por la jueza nacional civil, Myriam Rustán de Estrada, apelada por el gobierno porteño y la paciente, de 32 años.
El tribunal sostuvo que “no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada”, que había sido trabada por la presentación judicial de una organización católica contraria al aborto.
A raíz de la medida cautelar que había suspendido la práctica, Rustán de Estrada fue separada de la causa y quedó a cargo el magistrado Miguel Ricardo Guiraldes, quien aceptó las apelaciones presentadas por la mujer y el gobierno porteño.
El fallo de la corte, firmado por seis de sus integrantes, comunicó a las autoridades de la Ciudad que “deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolución judicial que suspendió” la intervención.
El aborto no punible, el primero en la ciudad tras la reglamentación del protocolo para el sistema de salud en la Capital Federal, estaba previsto el martes en el hospital Ramos Mejía.
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