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La mujer, de nacionalidad boliviana, no presentó documentación que acreditase su residencia en el país. Los extranjeros deben pagar la atención médica en Salta.
Una mujer de nacionalidad boliviana acudió al Hospital San Vicente de Paul de Orán, en Salta, para dar a luz pero al recibir una factura de aproximadamente $245.000 por los gastos, decidió marcharse sin pagar. Desde febrero pasado, la atención de salud para los extranjeros se cobra de modo diferencial en esa provincia.
El director del centro asistencial, Alejandro Fabián Valenzuela Pérez, informó que la mujer había abandonado indignada el lugar cuando se presentó a la admisión y le dijeron los costos del servicio médico. Durante la madrugada, regresó en pleno trabajo de parto y, dada la urgencia, tuvo que ser atendida.
Ya de alta, lo mismo que el bebé, le entregaron la cuenta del parto y el servicio pediátrico, que ascendía a $245.000 y, entre gritos y protestas, se escapó sin cancelarla, por lo que las autoridades intentan encontrarla, en tanto ya le radicaron la denuncia judicial.
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La provincia norteña es la única en el país que aplica desde febrero la obligatoriedad de pago a los extranjeros para ser atendidos en los hospitales públicos. De acuerdo al decreto 129 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz para garantizar “la solvencia” del sistema de salud público, en Salta está arancelada la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones o que tengan una residencia precaria, es decir no permanente.
El gobernador Sáenz había determinado mediante un DNU el arancelamiento de la atención sanitaria de los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios en los hospitales provinciales, mientras que la atención de urgencia o en emergencias, cualquiera fuere la categoría que revistase, quedaba garantizada, como fue este caso.
El decreto señala que el Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados, que es lo que hizo el hospital de Orán, con lo que será la Justicia la que deberá resolver.
La comunidad salteña no aceptó de buen grado el cobro a la salud diferenciado, por más que la gobernación argumente que el sistema sanitario se encuentra jaqueado por los inconvenientes que ocasiona la alta demanda que tienen los hospitales de localidades de frontera debido a la atención a extranjeros.
La preocupación que causó la restricción del otro lado de la frontera hizo que el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, visitara la provincia para reunirse con funcionarios y proponerles establecer un marco de previsibilidad en el cobro de estos servicios de salud, manteniendo una relación cordial entre el Gobierno de Salta y la vecina región boliviana.
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Lo explicó así: "Un acuerdo donde todos ganemos, que la atención tenga un costo conforme a una negociación donde encontremos la forma de privilegiar la salud. Es un proceso que vamos a ir conversando".
El subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, quien representó al Ministerio de Salud Pública en la reunión, dijo será analizado un convenio mediante el cual la Alcaldía de Tarija se haga cargo de los costos de la atención sanitaria de los ciudadanos tarijeños en Salta.
Nada se resolvió y el escándalo en Orán devolvió la cuestión a la agenda.
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