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El vehículo fue removido un mes después del incidente en un área protegida de San Juan. Sus maniobras dejaron surcos de hasta 25 centímetros y el terreno podría tardar 80 años en recuperarse.
La camioneta del médico mendocino que había quedado enterrada en Pampa del Leoncito, dentro del Parque Nacional El Leoncito, finalmente fue retirada a casi un mes del polémico episodio. El operativo se realizó bajo supervisión de distintos organismos debido a que se trata de un área protegida.
El procedimiento se realizó durante el fin de semana y contó con la presencia de Gendarmería Nacional, efectivos de la Comisaría 33 de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El objetivo fue remover el vehículo sin provocar nuevos daños en el terreno.
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La extracción había sido autorizada por el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troche, quien estableció las condiciones que debían cumplirse durante el operativo. Además, ordenó que los organismos participantes dejaran constancia de lo ocurrido mediante un acta.
Una multa de $8,6 millones por el daño ambiental
Tras la evaluación realizada en el lugar, se determinó que Agustín Añó, propietario de la 4x4, y su acompañante, Pablo Andrés Abraham, deberán pagar $4,3 millones cada uno. En total, la sanción asciende a $8,6 millones.
La multa fue establecida por el daño provocado por el ingreso del vehículo al área protegida y por las posteriores maniobras que se realizaron para intentar sacar la camioneta, que había quedado encallada en el terreno.
Aunque el suelo recuperó en parte su característico aspecto de arcilla quebradiza, las huellas del episodio todavía son claramente visibles. Los surcos alcanzan hasta 25 centímetros de profundidad y, según el análisis realizado, la recuperación completa del terreno podría demandar hasta 80 años.
Durante el tiempo que la camioneta permaneció en el lugar, Gendarmería Nacional mantuvo una custodia permanente para impedir que el vehículo fuera retirado sin autorización. Finalmente, con la aprobación judicial y bajo supervisión de las autoridades ambientales, se concretó la remoción.
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