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Axel Kicillof envió a la Legislatura un proyecto para anular el cambio del régimen jubilatorio del Banco Provincia implementado en 2017 por María Eugenia Vidal.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió a la Legislatura un proyecto de ley destinado a anular el cambio del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia que fue implementado por la administración de María Eugenia Vidal en 2017, y que venía reclamando La Bancaria.
La iniciativa -que está en la Legislatura provincial desde el 12 de julio- restituye beneficios históricos de los empleados del Provincia, así como la sustentabilidad de la caja de jubilaciones de esa institución financiera.
"Mesa de diálogo"
Por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, y el gobernador Kicillof, accedieron a crear una "mesa de diálogo" destinada s solucionar del modo más beneficioso para el estado provincial y los trabajadores los conflictos suscitados por el desbaratamiento de los derechos adquiridos de los empleados del Banco Provincia.
La ley de reforma del sistema jubilatorio del Banco Provincia sancionada por Vidal en 2017, generó miles de medidas cautelares y de reclamos individuales que, ahora, con el proyecto de ley consensuado entre las partes en conflicto, podrá superarse.
Los puntos salientes de la nueva ley
En el proyecto acordado por Kicillof y Palazzo, se eleva el aporte de los trabajadores del Provincia del 14 al 16 por ciento, y el de los jubilados, del 10 al 12 por ciento, al tiempo que las contribuciones del Banco provincia suben del 16 al 21 por ciento,
Los recortes aplicados por María Eugenia Vidal
El gobierno de Juntos por el Cambio no solo modificó la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincia, sino también aplicó una fórmula de cálculo de retribuciones menos favorable.
Aunque Vidal promulgó rápidamente los cambios votados en 2017, el esquema fue judicializado casi de inmediato también y fue rechazado en tribunales de primera y segunda instancia de varios distritos de la provincia, que disponen que los jubilados que los impulsan cobren de acuerdo con la fórmula previa, lo que genera un costo adicional para el Estado bonaerense, que además debe pagar las costas de los procesos.
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